En el último informe remitido por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) a la Audiencia Nacional, se revela la estructura de la organización liderada por Mustapha Ch.B., considerado el principal responsable de las galerías subterráneas que permitían la entrada de hasta dos toneladas de hachís diariamente, y que recibía información previa sobre las operaciones policiales.
La investigación sobre los narcotúneles descubiertos en Ceuta ha sacado a la luz una de las redes criminales más complejas y bien articuladas de los últimos años. Según los documentos de la UDYCO, la organización dominaba la entrada de hachís desde Marruecos hacia la península y contaba con una red de corrupción que facilitaba la filtración de investigaciones bajo secreto de sumario.
El informe coloca en la cima a Mustapha Ch.B., calificado por la policía como el ‘patrón de los patrones’, dueño total de los dos túneles ya localizados y otro más en construcción. Por estas vías subterráneas circulaban diariamente entre una y dos toneladas de hachís, y otras organizaciones criminales debían abonar un peaje por cada kilo para utilizar su infraestructura.
Avisos previos que facilitaron eludir registros
Un aspecto preocupante del informe es la habilidad de la red para anticipar las acciones policiales. Grabaciones interceptadas por la UDYCO muestran que Mustapha Ch.B. recibió alertas de terceras personas antes de que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil realizara el registro de la primera galería, ubicada en una marmolería del Tarajal.
«Me avisaron estos días, me dijeron que estoy en vigilancia», confesaba el líder en una de las escuchas. En los audios, el narcotraficante expresaba que tuvo oportunidad de evacuar la droga y cerrar la instalación: «Por suerte y gracias a las bendiciones de los padres estaba cerrada. Si la hubieran encontrado abierta, habría sido un desastre».
En las mismas conversaciones, el capo reconocía la eficacia de algunos responsables policiales, mencionando que el jefe de la UDYCO «no se deja comprar, viene directamente protegido desde Madrid».
Propiedades con piscina y sobornos en Marruecos
Las relaciones de esta red traspasaban la frontera. El primer túnel estaba conectado con una vivienda situada en territorio militar de Marruecos. Tras iniciarse la operación policial, el socio marroquí del grupo logró refugiarse bajo la protección de Mustapha Ch.B.
Para asegurar la impunidad en Marruecos, el líder de la organización sobornaba a las autoridades implicadas en la investigación en ese país. Según el informe, se interceptaron llamadas donde el narcotraficante confirmaba haber alquilado una residencia con piscina en Cabo Negro para el jefe de la brigada marroquí que realizaba las pesquisas, a quien también tenía previsto entregarle una importante cantidad de dinero en efectivo.
Vínculos con la Guardia Civil y una grabación inquietante
La UDYCO señala también la posible colaboración de algunos agentes españoles. En el informe se detallan comunicaciones entre el líder de la red y A.A., un guardia civil jubilado detenido tras la localización del segundo túnel. Ambos acordaban precios y métodos para trasladar la mercancía hacia Pontevedra o La Línea de la Concepción, utilizando embarcaciones rápidas con cuatro motores. El exmiembro de la Guardia Civil mantenía además relaciones con el conocido y buscado ‘Messi del hachís’.
La principal novedad fue un audio de WhatsApp capturado en enero de 2026. En él, una persona identificada como “un tal Jose, presumible guardia civil” contactaba con el exagente encarcelado solicitando información sobre el hijo del ‘jefe del túnel’. Destaca para la UDYCO que este audio fuera enviado meses antes de que se descubriera oficialmente la segunda galería, lo que indica que en el entorno de la Guardia Civil ya se manejaba información privilegiada.
Constructores trasladados en patera por 9.000 euros
La red continuaba expandiéndose y trabajaba en la construcción de un tercer narcotúnel. Para ello, Mustapha Ch.B. requería mano de obra especializada que no dejara huellas legales en Ceuta.
Las escuchas policiales evidenciaron que la organización pagó 9.000 euros por persona para traer a constructores desde localidades como Alcazarquevir hasta Ceuta a bordo de pateras de pescadores. El informe también detalla que en octubre de 2025 la red llegó a desembolsar hasta 12.000 euros para introducir personas directamente por la frontera terrestre, evitando todos los controles.
