El Ministerio del Interior ha actualizado su protocolo en cuanto al empleo del espray de defensa personal, también conocido como gas pimienta, estableciendo que ya no podrá utilizarse en operaciones de orden público como manifestaciones, protestas o huelgas. Esta decisión surge luego de la huelga general del miércoles 11 de noviembre, donde se registraron diversas denuncias por actuaciones policiales controvertidas, incluyendo la aplicación de gas pimienta y cargas durante enfrentamientos entre piquetes y manifestantes, así como personas no vinculadas a los incidentes.
Fuentes del Ministerio indican que el cambio responde a la controversia suscitada por imágenes que “no se ajustan a los principios de proporcionalidad” y que serán investigadas. La Dirección General de la Policía revisará las incidencias ocurridas ese día y modificará el protocolo para prohibir el uso del espray en contextos de orden público. No obstante, el empleo de artificios fumígenos y gases lacrimógenos continuará permitido bajo los protocolos vigentes, considerándolos medios “no dañinos” y “sin efectos lesivos”.
Estas modificaciones llegan a pocas horas de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenara una investigación interna sobre las cargas policiales y actuaciones durante las manifestaciones del 11N, distinta de la inspección interna habitual que verifica la legalidad de las acciones policiales.
Reacciones ante la limitación del espray y postura de los sindicatos policiales
Los sindicatos policiales mayoritarios han manifestado su rechazo unánime a la prohibición del Ministerio sobre el uso del gas lacrimógeno en manifestaciones —y por extensión, del espray de defensa en ciertas interpretaciones— señalando que eliminar herramientas intermedias podría dejar a los agentes “sin protección” y vulnerables ante agresiones. Según estos sindicatos, la intervención policial del 11N presentó un escenario complicado y de alta tensión, justificando el uso de estos medios conforme a los “principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia”.
Normativa vigente y proporcionalidad en el empleo de medios de control
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que los agentes deben actuar según los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 dispone que las medidas en reuniones públicas y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas, reservando la disolución de concentraciones como último recurso, siempre tras advertir a los participantes.
Respecto al uso de dispositivos antidisturbios, la normativa interna policial contempla protocolos específicos que incluyen guías confidenciales para el manejo de gases lacrimógenos, artificios fumígenos y otros elementos para el control de multitudes. Estas herramientas deben aplicarse conforme al protocolo de “empleo escalonado de medios”, donde los esprays de defensa personal ocupan un nivel inferior a medidas más contundentes, pero requieren regulación y documentación en su uso.
Balance nacional tras la huelga del 11N
El miércoles, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos reportaron un total de 1.144 incidentes vinculados con las manifestaciones, con 47 arrestos hasta las 23:00 horas, sin incluir datos de Cataluña ni País Vasco. En Madrid, organizaciones como CCOO y UGT denunciaron un uso “excesivo” de la fuerza, en especial por el empleo de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en áreas como Gran Vía.
Por otra parte, Amnistía Internacional España expresó preocupación por algunas actuaciones policiales observadas durante la huelga en varias ciudades. En respuesta, Marlaska afirmó que las investigaciones aclararán posibles incumplimientos de protocolos y que se tomarán las medidas pertinentes.
