La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a Cristian Corvillo, empresario que fue conductor de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE en 2017, por su posible papel en la obtención de contratos públicos mediante Koldo García, quien fue asesor del ministro de Transportes en esa época, José Luis Ábalos.
Este informe policial, integrado en una pieza separada del caso Koldo, fue esencial para la detención de Corvillo la semana pasada. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, levantó el secreto sobre esta pieza judicial el pasado jueves.
Investigación sobre adjudicaciones
La investigación se centra en tres contratos concedidos durante la gestión de Ábalos. Dos de ellos corresponden a adjudicaciones de Adif en 2019: uno para la UTE Sevilla Nevado-Azvi por 28 millones de euros para una plataforma de alta velocidad en la línea Madrid-Extremadura; y otro a Limpieza Castilla de Salamanca SL, por 175.188 euros, destinado a la limpieza de un inmueble en Méndez Álvaro, Madrid.
Por otra parte, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) otorgó a la UTE Aquaterra Servicios Infraestructuras – Servicios Técnicos Napal un contrato de 6,18 millones de euros enfocado en la conservación y explotación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera.
Influencia y contactos
La UCO considera que Corvillo, vinculado al intermediario Víctor de Aldama, pudo emplear a Koldo García para condicionar las licitaciones. García, antiguo asesor ministerial, habría influido sobre Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF. Se menciona también una reunión entre Corvillo, García y Ábalos en noviembre de 2018.
Los indicios incluyen encuentros coincidiendo con fechas relevantes, como modificaciones en los pliegos, además de mensajes enviados en diciembre de 2018 por García a Corvillo que parecen indicar una intervención favorable. En el contrato de Aquaterra-Napal se detectó una pauta análoga de reuniones en momentos clave.
Corvillo igualmente se refirió a una obra adjudicada a Aquaterra y Acciona para la ronda sur de la AP-68, identificada por la Guardia Civil como un contrato otorgado de forma irregular y posible origen de comisiones ilícitas para Ábalos, Santos Cerdán y García. La UCO ha solicitado documentación a todas las empresas involucradas.
