La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ pone en conocimiento del Rey Felipe VI las críticas basadas en ‘lawfare’ y solicita un compromiso institucional firme de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Durante la ceremonia oficial de apertura del año judicial 2026-2027, celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y presidida por el Rey Felipe VI, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió un mensaje institucional claro. La magistrada advirtió que las acusaciones sobre supuestas motivaciones ideológicas en las decisiones judiciales —frecuentemente vinculadas al término lawfare— representan una «imputación de gran gravedad» que vulnera directamente el Estado de Derecho y no toma en cuenta el mandato constitucional asignado a la Carrera Judicial.
En su discurso, Perelló destacó que las descalificaciones emanadas de responsables públicos pretenden transformar la crítica en un medio de coerción legal. Basándose en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la presidenta del Poder Judicial señaló que los poderes del Estado deben abstenerse de realizar manifestaciones que minen la confianza ciudadana en los tribunales. Aunque defendió el derecho a expresar discrepancias jurídicas fundamentadas para fortalecer el sistema, rechazó categóricamente la atribución de decisiones judiciales a influencias políticas.
En otro apartado de su alocución, centrada en la defensa de la independencia judicial, Perelló repasó la gestión del CGPJ tras dos años desde su renovación. Resaltó la aprobación de 37 nombramientos discrecionales en el último periodo, sumando un total de 198 designaciones, con una participación femenina del 40%. También destacó la relevancia histórica de contar con mujeres que lideran tanto la Fiscalía General del Estado como el CGPJ, en un entorno donde las juezas representan cerca del 60% del cuerpo judicial.
En el cierre de su intervención, la presidenta del Tribunal Supremo evaluó la elevada carga de trabajo que soporta la Administración de Justicia. Indicó que en 2025 se resolvieron más de siete millones de casos, aunque persisten cerca de 4,7 millones de expedientes pendientes. Frente a esta saturación, provocada por alta litigiosidad y un déficit estructural de personal con ratios por debajo de la media europea, Perelló solicitó la convocatoria anual de 367 plazas judiciales durante los próximos diez años y la pronta aprobación del Estatuto del Gabinete Técnico. El evento concluyó con una mención a las víctimas de recientes emergencias, incluyendo a los afectados por la crisis migratoria de Ceuta.
