- El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado al expresidente del PSOE para una declaración el 2 de junio.
- La UDEF ha registrado el despacho oficial del exmandatario en Madrid y el juez ha levantado el secreto del sumario.
- Se trata de la primera ocasión en la democracia española que un expresidente del Gobierno es formalmente investigado por sospechas de corrupción.
MADRID. – En un hecho sin precedentes en la democracia española, José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha sido formalmente imputado por la Audiencia Nacional. José Luis Calama, juez del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha convocado al exdirigente socialista a declarar el 2 de junio como investigado por supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, falsificación documental y tráfico de influencias, en el contexto de la investigación del caso Plus Ultra.
La decisión judicial se confirmó la mañana del martes 19 de mayo, junto con la eliminación del secreto de sumario. Poco después de la notificación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzaron el registro en el despacho oficial de Zapatero en Madrid, así como en las oficinas de tres sociedades vinculadas a su entorno empresarial.
El origen cuestionado de los fondos
La investigación buscar aclarar si el rescate estatal de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra por el ejecutivo de Pedro Sánchez tras la pandemia fue utilizado como una fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según los indicios recogidos, el dinero vinculado a Zapatero provendría presuntamente de comisiones no declaradas por gestionar intermediaciones ante distintas administraciones y gobiernos extranjeros, especialmente el venezolano, para beneficiar con contratos y subvenciones a empresas próximas a él. Luego, estas ganancias ilícitas habrían sido canalizadas mediante una red de sociedades instrumentales y testaferros con negocios simulados para reintegrarlas al sistema financiero legal.
La causa está relacionada con la investigación principal donde también está imputado Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero, a quien la UDEF detectó recientemente fondos ocultos en Miami que habrían pasado antes por Luxemburgo.
Zapatero negó recibir pagos ante el Senado
La imputación ocurre semanas después de que Rodríguez Zapatero compareciera ante la comisión de investigación en el Senado. Allí, admitió mantener una relación personal y desempeñar trabajos para el empresario Julio Martínez, pero negó rotundamente haber recibido compensación económica por mediar con el régimen venezolano o por el préstamo público concedido a la aerolínea.
En caso de que se confirmen los cargos provisionales que le atribuye el juez Calama, el expresidente se enfrentaría a penas de prisión considerables. El delito de blanqueo de capitales puede implicar condenas de entre seis meses y nueve años, sumándose las responsabilidades por pertenencia a organización criminal.
Reacciones políticas
La noticia ha provocado una respuesta inmediata en el ámbito político. Desde la oposición, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, calificó la situación como «de gran gravedad» y pidió la comparecencia urgente del presidente del Gobierno. A través de sus redes sociales, manifestó que «no solo se trata de un expresidente, sino de un principal asesor de Sánchez, y que esta situación evidencia un colapso».
En el PSOE, la noticia causó un impacto notable. Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, expresó en una entrevista radial que la imputación le ha dejado «sorprendido», y manifestó su espera de que todo se esclarezca con rapidez «por el bienestar de su familia y del partido».
