La formación política liderada por Puigdemont está ultimando el denominado ‘Plan 8 millones’ y ha reforzado los controles en Sant Cugat para limitar el acceso a los llamados «derechos de alta intensidad» a quienes acrediten un arraigo prolongado.
BARCELONA. – Junts per Catalunya ha decidido implicarse directamente en la discusión sobre el endurecimiento de los requisitos para inmigrantes que desean acceder a ayudas públicas. Bajo la denominación ‘Plan 8 millones’, el partido está definiendo una estrategia migratoria que condiciona el acceso a prestaciones como la vivienda protegida a un mayor grado de vinculación y pertenencia al territorio.
El modelo de Sant Cugat: aumento de 3 a 10 años en el requisito de empadronamiento
El foco principal de esta política se sitúa en Sant Cugat del Vallès, el municipio más importante gobernado por Junts. El ayuntamiento propone incrementar de tres a diez años el periodo mínimo de empadronamiento —ya sea continuado o no— necesario para ser candidato a una vivienda social. Esta iniciativa, que el partido intentó sin éxito impulsar en el Parlament de Cataluña en octubre pasado, pretende proteger el parque público de vivienda frente a recientes flujos migratorios.
Aunque la propuesta fue rechazada por el bloque de izquierdas (PSC, ERC, Comuns y CUP), Junts ha encontrado puntos de acuerdo en este ámbito con el Partido Popular. Ambas formaciones defienden priorizar a quienes tengan una mayor vinculación histórica con el municipio, diferenciándose así de la postura de Vox que establece una discriminación basada exclusivamente en la nacionalidad. Para Junts, el criterio fundamental es el tiempo de residencia y la integración, no el pasaporte.
Medidas contra el fraude en el padrón
Además de las propuestas legislativas, Junts ha implementado acciones ejecutivas en Sant Cugat mediante un control riguroso del censo municipal:
- Bajas masivas: El Ayuntamiento ha dado de baja a 4.000 personas del padrón en el último año tras comprobar que no residían en el municipio.
- Verificación presencial: Se ha eliminado la opción de realizar el empadronamiento exclusivamente por vía telemática, imponiendo la obligación de acudir físicamente al ayuntamiento en un plazo máximo de tres meses.
- Inspecciones domiciliarias: El incumplimiento de este trámite presencial activa automáticamente inspecciones en los domicilios para detectar posibles sobreocupaciones o irregularidades en la convivencia.
Un desafío político y electoral
Esta apuesta por la «prioridad basada en el arraigo» responde a la presión del Aliança Catalana, que compite con Junts en el electorado nacionalista con un discurso más estricto sobre inmigración. Paralelamente, la formación mantiene un frente con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se concrete la delegación de competencias en materia de extranjería hacia la Generalitat, un compromiso alcanzado hace meses que continúa bloqueado en el Congreso debido a la oposición de Podemos.
Con el ‘Plan 8 millones’, Junts pretende presentarse como un partido capaz de afrontar los desafíos demográficos que afectan al Estado de Bienestar, bajo la premisa de que el acceso a los servicios sociales más valorados debe vincularse a una contribución y permanencia mínima en la sociedad catalana.
