El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto este jueves para prorrogar la instrucción de la causa contra la aerolínea Plus Ultra hasta el próximo 28 de mayo. Con esta extensión también se mantiene vigente el secreto de las actuaciones y el plazo para diligencias, que inicialmente finalizaba el 28 de abril.
La investigación ha experimentado un cambio importante en los últimos meses, enfocándose en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la compañía.
De un archivo judicial a la Audiencia Nacional
La pesquisa, que comenzó centrándose en presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas, ha evolucionado hacia una investigación de mayor envergadura:
- El inicio: En primera instancia, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó el caso relacionado con el rescate. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción insistió y logró reabrir el procedimiento.
- Nuevo enfoque (2024): La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identificó indicios de que los fondos del rescate estatal podrían haberse utilizado para canalizar y «limpiar» dinero procedente de tramas de corrupción en Venezuela.
- Competencia actual: Por la complejidad y el alcance internacional del caso, el magistrado Calama asumió la jurisdicción en la Audiencia Nacional desde el pasado 3 de marzo.
Cronología de una investigación en expansión
El proceso ha cobrado impulso después de los acontecimientos ocurridos a finales del año pasado, que supusieron un punto crucial para la dirección de la aerolínea:
- Diciembre de 2025: La UDEF llevó a cabo una operación policial que culminó con la detención, y posterior liberación, del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado; y el empresario Javier Martínez Martínez.
- Registro de oficinas: Se incautó una gran cantidad de documentación fiscal en la sede central de la empresa.
- Repercusiones actuales: El análisis de estos documentos ha evidenciado que la investigación abarca un ámbito mucho más amplio que el inicialmente planteado en la denuncia, lo que justifica la ampliación del plazo de instrucción.
Nota del juez: El magistrado considera fundamental disponer de este tiempo adicional para profundizar en el examen de la información financiera y determinar el destino final de los fondos públicos sospechosos.
