Madrid — La cúpula de la Guardia Civil enfrenta un interrogatorio judicial. Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, toma declaración en calidad de investigados a la directora general del instituto armado, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Ambos figuran en la causa por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, dentro del conocido como ‘caso Leire’.
La investigación busca determinar si desde la cabeza de la Guardia Civil se promovió de modo irregular la apertura de expedientes disciplinarios internos con el fin de presionar y controlar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a cargo de investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno cercano.
El rol de la exmilitante socialista Leire Díez
La instrucción destaca la relación entre la directora general y la exmilitante socialista Leire Díez, situando este vínculo como núcleo de la trama. Se han confirmado varias comunicaciones telefónicas entre ambas y al menos tres encuentros cara a cara que tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025.
Mercedes González reconoció estas reuniones durante su comparecencia en el Senado el 16 de junio, aunque las valoró como encuentros informales para «tomar un café» y tratar asuntos de poca relevancia.
Posición de la Fiscalía: Maniobras para controlar la UCO
El relato de la dirección del cuerpo se contrapone con los dictámenes del juez Pedraz y del Ministerio Público, quienes sustentan sus sospechas en los informes emitidos por la propia UCO. La Fiscalía denuncia que se activaron irregularmente tres informaciones reservadas contra la unidad, alegando la investigación de posibles filtraciones a los medios de comunicación.
Estas indagaciones internas coincidieron con procesos judiciales que tenían como foco «la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Entre los principales puntos que llaman la atención de los investigadores destacan:
- Solicitud de listas de agentes: Dentro de uno de los expedientes internos se requirió a la Jefatura de la UCO un listado detallado con los nombres de todos los agentes vinculados a causas de corrupción que involucraban al Ejecutivo. La Fiscalía señala que no está claro «el objetivo de esta medida ni el uso previsto para esa información».
- Filtración de los mensajes de WhatsApp de Ábalos: La UCO sospecha que Mercedes González fue la impulsora de la orden para iniciar un expediente el 12 de mayo de 2025 que investigara si su unidad había filtrado al diario El Mundo mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Al día siguiente de su publicación, se registraron intercambios y eliminación de mensajes entre la directora y Leire Díez.
Incógnitas en la cadena de información
La Fiscalía intenta aclarar durante los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba al tanto de la relación de la directora con Leire Díez cuando recibió varias notas informativas relacionadas con la causa los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. El expediente indica que Llamas comunicó al general jefe de la Policía Judicial que González conocía en detalle el contenido de dichos documentos.
Por otra parte, al Ministerio Público le resulta notable que, durante una reunión oficial en la cual estuvo presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general evitara mencionar o directamente ocultara las repetidas entrevistas mantenidas con Leire Díez.
