La teniente fiscal del Tribunal Supremo considera que la inhabilitación de dos años impuesta es «desproporcionada» y destaca que el condenado actuó sin buscar un beneficio personal, sino con el objetivo de preservar la reputación institucional.
MADRID – Un nuevo avance se presenta en el caso judicial relacionado con el anterior máximo responsable del Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe favorable para conceder un indulto parcial a Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por un delito de revelación de secretos.
El indulto se limitaría a conmutar la condena de dos años de inhabilitación especial para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Según el documento, García Ortiz ya ha cumplido con el pago de la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros impuesta a favor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Razones basadas en justicia y reputación
La teniente fiscal fundamenta su respaldo al indulto en varios argumentos que indican que la sanción resulta «excesiva» en sus consecuencias extrapenales:
- Falta de beneficio personal: Se señala que García Ortiz no obtuvo ningún provecho económico o patrimonial con la publicación de la nota de prensa que dio origen al caso.
- Motivación institucional: El informe señala que el exfiscal actuó para desmentir informaciones erróneas y proteger la imagen de la Fiscalía frente a críticas mediáticas, asumiendo en todo momento su responsabilidad.
- Impacto desmedido: La Fiscalía afirma que la condena ha afectado de manera considerable su reputación y trayectoria profesional. Además, sostiene que la inhabilitación carece de un propósito público efectivo, dado que ya abandonó su puesto y existe una nueva Fiscal General designada por cuatro años.
«Cumplir íntegramente la pena no resulta necesario ni adecuado desde la perspectiva de la equidad», indica el texto, destacando que la sanción ya ha cumplido su función al demostrar que «incluso las autoridades de más alto rango están sujetas a la ley».
Indulto con alcance restringido
La Fiscalía puntualiza que esta medida no implica una revisión de los hechos probados ni una apelación a la sentencia emitida por el Supremo, sino únicamente acortar los períodos para que el exfiscal pueda eliminar sus antecedentes penales y aminorar el efecto de una inhabilitación que, en la práctica, ya se cumplió al dejar el cargo.
La decisión final corresponde ahora al Gobierno, que deberá tramitar la solicitud después de obtener este informe favorable. Además, la Sala Segunda del Supremo, tribunal que dictó la sentencia, deberá emitir su opinión, que suele ser más estricta en estas situaciones.
