Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales defienden la validez de su trabajo frente al tráfico de influencias y expresan su preocupación por la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la causa del ‘caso Plus Ultra’, bajo sospecha de delitos como tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un nuevo impacto en el sector de los lobbies en España. Los profesionales de las relaciones institucionales han respondido resaltando la legitimidad de su actividad y renovando su petición para la pronta aprobación de una regulación clara y estricta que ordene sus funciones y mejore su percepción pública.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), ha subrayado la diferencia esencial entre la labor de representación y los actos ilícitos: “Existe una distancia considerable entre un ‘lobby’ y el delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Penal, que implica pagos no transparentes y el uso irregular de una posición privilegiada; esto es completamente incompatible con la defensa legítima de intereses”, manifestó en declaraciones a la Agencia EFE.
La repercusión de los estereotipos sobre las «puertas giratorias»
Investigaciones de alto perfil como la que afecta a Zapatero, junto con casos previos ligados a compañías fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, del exministro Cristóbal Montoro—, reavivan regularmente la desconfianza hacia todo el sector. Las organizaciones profesionales lamentan que la opinión pública se quede con la imagen estereotipada de expresidentes o exministros que actúan sin control en el poder, lo que distorsiona una profesión con un nivel formativo elevado (el 99% cuenta con formación universitaria, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho).
El descontento también ha traspasado las fronteras del sector. Esta misma semana, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, manifestó en el Parlamento su inquietud al cuestionar públicamente cuál es la línea precisa que separa el ejercicio legítimo de grupos de interés de las prácticas ilegales de tráfico de influencias.
Una normativa esencial paralizada en el Congreso
El principal reclamo del sector es la reactivación de la ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, cuyo borrador fue enviado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. Pese a haber superado las primeras etapas en el Parlamento, la iniciativa permanece estancada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar los consensos necesarios.
Esta normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuyo debate comenzó en noviembre, se fundamenta en tres ejes que el sector considera esenciales para garantizar la seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Implantación de un censo oficial donde deban inscribirse todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y establecimiento de un régimen sancionador para quienes las incumplan.
- Huella legislativa: Exigencia de publicar informes detallados que reflejen con transparencia qué colectivos o empresas han influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
En ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas operan ajustándose a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobby español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica permanece congelada, el debate también pone en evidencia las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque esta contempla un periodo de incompatibilidad de dos años tras el fin del cargo, las autorizaciones frecuentes concedidas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que ex altos cargos pasen a empresas privadas o consultoras continúan siendo motivo de discusión social y destacan la necesidad urgente de revisar las normas que regulan estas transiciones.
