La Sala de lo Contencioso-Administrativo celebra cinco vistas sucesivas para examinar los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones que solicitan la paralización del proceso.
MADRID. — El Tribunal Supremo ha comenzado el procedimiento formal para resolver si procede la suspensión temporal del real decreto aprobado por el Gobierno que habilita la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha llevado a cabo cinco vistas consecutivas para escuchar los argumentos de los recurrentes y la Abogacía del Estado.
Este procedimiento, iniciado en abril, enfrenta una solicitud de paralización cautelar presentada por cinco entidades políticas y sociales: el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso; el partido Vox; y las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Asociación Libertad y Justicia.
Motivos de la oposición al decreto
Los distintos recursos admitidos solicitan detener de inmediato el trámite del proceso antes de que finalice el plazo para presentar solicitudes, establecido para el 30 de junio.
El Ejecutivo madrileño argumenta que la medida afectaría gravemente la sostenibilidad y funcionamiento de los servicios públicos regionales, como educación y sanidad, al no preverse recursos financieros adicionales. Además, se alega que el decreto podría incumplir normativas de la Unión Europea y comprometer la seguridad nacional. Vox considera la regularización como «insostenible», mientras que otras asociaciones critican la reducción de los plazos para el arraigo y la flexibilización de criterios administrativos.
Respuesta del Gobierno: protección del interés general
Contrariamente a las demandas de suspensión, la Abogacía del Estado, representando al Ejecutivo central, solicita al Tribunal Supremo que rechace las medidas cautelares, argumentando que paralizar el proceso perjudicaría gravemente el interés general y dejaría a miles de personas en una situación irregular o en un vacío legal.
Los servicios jurídicos estatales refutan que el trámite sobrecargue los servicios públicos, indicando que los migrantes beneficiados ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y, por tanto, ya son usuarios habituales de servicios públicos garantizados por ley. La Abogacía destaca que la regularización permitirá el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo el acceso al empleo, lo que aportará a la economía nacional mediante cotizaciones y reducirá la economía sumergida.
Próximos pasos en el proceso judicial
En estas instancias, el tribunal no evalúa la legalidad del decreto en profundidad, sino exclusivamente si procede suspender preventivamente su aplicación mientras se resuelve el conflicto principal. Tras concluir las audiencias, se aguarda que los magistrados emitan su resolución sobre las medidas cautelares en los próximos días, cuando el proceso cumple un mes con más de 200.000 solicitudes presentadas en las dos primeras semanas.
