MADRID — Este miércoles, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la sede de EDA TV, el canal digital donde trabaja Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, portando una orden judicial de busca y captura. En el momento de la operación en la redacción ubicada en la calle Lagasca de Madrid, Quiles no se encontraba presente. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente de qué procedimiento judicial específico procede esta orden de arresto, dado que Quiles cuenta con diversas causas abiertas.
Varias horas después, Quiles confirmó en sus redes sociales la existencia de la orden. Inicialmente, realizó comentarios irónicos sobre la situación y más tarde compartió un vídeo en el que afirmó de manera clara que no tiene intención de entregarse a las autoridades, atribuyendo la orden a una supuesta persecución política por parte del Gobierno.
Defensa considera la medida como «excesiva»
Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista que representa a Quiles, reconoció la orden de busca y captura, pero calificó la acción como un «despropósito» y la consideró «una medida desproporcionada». El letrado indicó que la orden podría haberse notificado directamente al equipo legal o en el domicilio particular del acusado, en lugar de realizar la diligencia en el centro laboral.
Ospina también expresó que desconoce cuál de las cinco causas penales activas contra Quiles ha motivado esta orden judicial.
Situación judicial de Vito Quiles: Procesos pendientes
El activista digital enfrenta diversos procedimientos legales en diferentes juzgados españoles:
- Delito de odio: La Fiscalía solicita para Quiles dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer el periodismo por un presunto delito de odio relacionado con una persona con discapacidad durante una manifestación en Madrid en 2024.
- Injurias y calumnias: Está siendo investigado en un juzgado de Sevilla tras una querella presentada por Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La acusación particular pide nueve años de cárcel por calumnias continuadas con agravante de odio ideológico, aunque el querellante ha aclarado que la actual orden de detención no está vinculada a este caso.
- Revelación de secretos y acoso: Procesado en Madrid por publicar en redes sociales la dirección y fotografías de la vivienda particular de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, tras un apagón masivo en 2025.
- Presunta estafa a Renfe: Se tramita en un juzgado de Alicante una causa penal presentada por la compañía ferroviaria, que acusa a Quiles de realizar trayectos completos con billetes parciales repetidamente, acceder a salas VIP sin autorización y causar daños reputacionales a la empresa.
Causas archivadas: En meses recientes, tres denuncias contra Quiles han sido archivadas: una por un supuesto altercado en un restaurante con Begoña Gómez, otra por presunto acoso a una analista frente al Senado, y una tercera derivada de un mensaje en redes con una foto aérea de La Moncloa dirigida a Donald Trump.
Antecedentes de sanciones en instituciones públicas
Esta orden judicial coincide con sanciones administrativas previas que Quiles ha recibido en el ámbito público. En mayo pasado, la Mesa del Congreso suspendió su acreditación de prensa por tres meses luego de que grabara sin permiso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en áreas restringidas del Parlamento. Esta medida se sumó a una suspensión previa que compartía con el activista Bertrand Ndongo, impuesta por incidentes reiterados en sedes parlamentarias.
