El juez Pedraz ha iniciado una pieza separada en materia económica en la Audiencia Nacional, imputando a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver. La investigación busca esclarecer si se organizó una red para dificultar procesos judiciales vinculados al Gobierno.
MADRID. La pesquisa sobre la supuesta red opaca ligada al Partido Socialista ha avanzado en la Audiencia Nacional. Santiago Pedraz, juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revisar un entramado financiero compuesto por 81 cuentas corrientes distribuidas en 12 bancos. La investigación principal es confirmar si mediante estos depósitos se pagaron los servicios de la presunta «fontanera» de la red, Leire Díez.
De las múltiples cuentas bajo análisis, más de 60 están vinculadas directamente al abogado Ismael Oliver, ya sea a su nombre o por medio de sociedades que controla, como Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver & Partners. Además, entre las cuentas revisadas figuran otras ligadas al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo y la publicación Crónica Libre.
Investigados en la directiva de Ferraz llamados a declarar en septiembre
El juez ha convocado para el 9 de septiembre a declarar como investigados a la directora gerente federal del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, y al abogado Ismael Oliver.
De acuerdo con los informes que la UCO ha remitido al juzgado, la gerente habría actuado presuntamente bajo las instrucciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, utilizando a Leire Díez como intermediaria para generar notas de encargo profesional simuladas. Este mecanismo habría servido para canalizar recursos del partido hacia despachos de abogados, con un límite de facturación establecido en 4.500 euros mensuales para el bufete de Oliver, y posteriormente derivar esos fondos hacia Leire Díez.
Supervisión de procesos judiciales y defensa en el ‘caso Koldo’
Las diligencias intentan aclarar si esta organización se creó formalmente para interferir, desviar o entorpecer procesos judiciales en curso que involucraban al Ejecutivo o al entorno de Ferraz.
Destaca el papel de Ismael Oliver, quien llevó en las primeras etapas la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos. Los agentes de la Guardia Civil sospechan que la designación de esa defensa fue parte de un plan para supervisar desde dentro la estrategia legal de los principales acusados y controlar el suministro de pruebas a las autoridades.
Para garantizar la privacidad de las actuaciones y evitar filtraciones, el juez Pedraz ha decidido que la documentación económica quede resguardada en una pieza separada fuera del expediente principal.
