La asociación alerta de riesgos para la seguridad, competencia desleal, posibles irregularidades laborales y dificultades para abastecer de materiales a las obras legales
La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta, junto con la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), ha reclamado a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno una actuación coordinada ante el incremento de obras presuntamente ilegales detectado por el sector, especialmente desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
La asociación señala que existen indicios visibles desde la vía pública de algunas de estas actuaciones, especialmente en determinadas barriadas de la periferia.
Los empresarios advierten de que las obras realizadas al margen de los controles exigibles pueden generar riesgos para la seguridad de las construcciones, de los trabajadores y de los propios vecinos.
El sector también muestra su preocupación por el posible empleo de personas sin las autorizaciones necesarias o sin las correspondientes garantías laborales. Según la asociación, esta situación perjudica a las empresas que cumplen con sus obligaciones y puede generar competencia desleal.
A esta situación se suman, según los empresarios, dificultades para abastecer de materiales a determinadas obras que sí cumplen con la legalidad. La asociación considera que esta situación podría tener también consecuencias sobre los precios de los materiales y reclama que se compruebe el alcance de este posible impacto.
Petición de controles a la Ciudad
En el escrito dirigido a la Ciudad Autónoma, la Asociación de Empresarios de la Construcción solicita que la Policía Local y la Consejería de Urbanismo y Transporte detecten y comprueben aquellas obras que presenten indicios de ilegalidad.
La organización pide que, cuando se acrediten irregularidades, se adopten las medidas que correspondan, incluyendo la paralización de los trabajos, la protección de las construcciones o el restablecimiento de la legalidad urbanística.
Por otra parte, la asociación ha trasladado su preocupación a la Delegación del Gobierno. En este caso, reclama que se comunique la situación al Mando Único y que se impulse la coordinación entre los organismos estatales competentes y la Ciudad Autónoma.
Entre las cuestiones que, cuando corresponda, deberían ser verificadas se encuentran las condiciones laborales, las altas en la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales y las autorizaciones necesarias para trabajar.
La asociación considera además necesario que los posibles indicios de infracciones sean comunicados entre las distintas administraciones para que cada organismo pueda actuar dentro de sus respectivas competencias.
Los empresarios de la construcción reclaman así una respuesta «ágil, decidida y coordinada» para comprobar las situaciones denunciadas y actuar cuando se acrediten irregularidades.
El objetivo, según la asociación, es garantizar la seguridad de las personas y proteger la actividad de las empresas del sector que desarrollan sus trabajos conforme a la normativa.
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