MADRID – El bloque de investidura experimenta un cambio significativo. Los principales socios parlamentarios del PSOE y Sumar han empezado a replantearse y a moderar su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, implicado en una investigación por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias. Tras la difusión y análisis del minucioso auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Calama, las formaciones de izquierda han pasado de denunciar colectivamente una campaña de «guerra judicial sucia» (lawfare) a solicitar respuestas urgentes desde el Palacio de la Moncloa, reconociendo la seriedad de las evidencias.
Este cambio de actitud se hizo palpable en los pasillos del Congreso, donde las teorías conspirativas iniciales dieron paso a una reacción marcada por la preocupación y las críticas políticas.
Rufián: «Tengo afecto por Zapatero, pero también ojos en la cara»
Gabriel Rufián, portavoz de ERC y quien apenas un día antes defendía con firmeza al expresidente, mostró un rostro visiblemente afectado durante la sesión de control al Gobierno. Después de examinar las 88 páginas del auto judicial, reconoció el impacto causado por la información.
«Estoy muy dolido. No soy imparcial; siento un gran respeto y cariño por Zapatero, pero también tengo los ojos bien abiertos», declaró Rufián en el hemiciclo.
Aunque intentó sugerir que la causa podría estar relacionada con que Zapatero es un «valioso activo de la izquierda», fue claro respecto a la gravedad del asunto: «Si esto es cierto, es algo muy negativo; pero si es falso, lo es aún más. Para la gente progresista esto es muy duro».
Fisuras en Sumar y críticas al estatuto de los expresidentes
Dentro de Sumar, el enfoque ha cambiado notablemente. Después de que portavoces como Verónica Barbero o Gerardo Pisarello cuestionaran la transparencia del proceso, las demandas de claridad han ganado protagonismo.
- Enrique Santiago (IU): Se mostró contundente al destacar la ilegalidad de los hechos investigados: «Si se han recibido pagos por gestiones políticas, claramente se trata de un delito». También solicitó la regulación estricta de las actividades económicas de los expresidentes del Gobierno.
- Alberto Ibáñez (Compromís): Tras revisar el auto, afirmó que «la situación no pinta bien» y criticó la falta de explicaciones suficientes por parte de Pedro Sánchez. «No es habitual que quienes han sido presidentes, como Zapatero, Felipe González o Aznar, trabajen en empresas que asesoran a multinacionales sobre cómo acceder a las administraciones públicas».
- Àgueda Micó (Compromís): Rebatió directamente la defensa presentada por Moncloa, señalando que en este caso «no está tan claro que exista un lawfare».
Podemos se distancia de la gestión y señala al Consejo de Ministros
Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra indicó que la situación del Gobierno se vuelve cada vez más complicada y afirmó que el futuro judicial de Zapatero y el político de Pedro Sánchez están claramente vinculados.
«Si se confirma toda esta información, no es posible sin el consentimiento del Gobierno de España; esa decisión corresponde al Consejo de Ministros», afirmó Belarra.
Belarra también aprovechó para desvincular a su partido de las decisiones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra —origen de la investigación— recordando que, aunque formaban parte del Gobierno de coalición en ese momento, «las principales decisiones económicas dependían del PSOE».
El PNV y Coalición Canaria piden rapidez
El impacto judicial ha llegado también a los socios con un perfil más moderado. En una declaración conjunta, el lehendakari Imanol Pradales (PNV) y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), reconocieron la gravedad excepcional del escenario político y solicitaron que el Gobierno ofrezca respuestas «con la máxima rapidez y transparencia».
