Dirigentes territoriales y miembros de la Ejecutiva reclaman una respuesta inmediata para evidenciar que «no existió colaboración» con la exmilitante, mientras que la dirección federal opta por esperar los avances de la investigación.
MADRID. — La tensión dentro del PSOE continúa en aumento. Un creciente grupo de altos cargos de la dirección, representantes de federaciones territoriales y alcaldes de grandes ciudades demandan a Ferraz que inicie una acción legal sin demora contra Leire Díez, considerada la supuesta operadora que actuaba bajo las órdenes del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, con la finalidad de entorpecer diligencias judiciales y policiales.
Esta iniciativa busca principalmente preservar la integridad del partido y enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que «no se mantuvo ningún tipo de connivencia» con la exmilitante.
“Cada momento que pasa sin presentar una querella nos perjudica, ya que se proyecta una imagen incorrecta, como si el PSOE estuviera ocultando información”, alerta un integrante de la dirección federal.
Ferraz solicita cautela frente a la presión de los territorios
A pesar de que el presidente Pedro Sánchez manifestó el pasado viernes su disposición a estudiar medidas legales, la dirección oficial de Ferraz mantiene una actitud prudente. Fuentes oficiales indican que ninguna vía judicial está descartada, pero prefieren esperar a los avances en la investigación.
En el mismo sentido se expresó la vicesecretaria general, María Jesús Montero, quien solicitó que los expertos continúen trabajando con rigor antes de proceder judicialmente.
Esta prudencia contrasta con la impaciencia de varios barones y secretarios autonómicos, quienes recuerdan que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había solicitado esta querella en octubre de 2023. «Ya estamos retrasados», advierten desde distintas federaciones, preocupados porque la demora pueda generar la percepción equivocada de que se teme la información que Díez pueda aportar.
Aspectos judiciales esenciales del caso Leire Díez
- Acusación principal: Díez es investigada desde finales del año pasado por presuntar favorecimiento en rescates, contratos y ayudas públicas a cambio de comisiones ilegales que sumarían 750.000 euros, supuestamente repartidos con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Joseba Antxon Alonso.
- Imputación de la gerente: El juez Santiago Pedraz investiga si Santos Cerdán ordenó que Díez recibiera 4.000 euros mensuales provenientes de fondos del partido mediante facturación falsa, motivo por el cual la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, está imputada. El partido sostiene que Fuentes fue víctima de un engaño.
- Citación de Cristina Narbona: La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró una conversación de abril de 2024 donde Díez ofrecía a la presidenta del PSOE «apoyo especializado» para contrarrestar las investigaciones judiciales hacia la familia del presidente. Por ello, Narbona declarará como testigo el 10 de julio en la Audiencia Nacional.
Perspectiva judicial complicada
El debate sobre la oportunidad de presentar la querella también genera algunas dudas. Algunos alcaldes advierten sobre el posible riesgo de emprender acciones legales contra Díez si queda probado que actuaba bajo la directa supervisión de la Secretaría de Organización de Cerdán.
No obstante, la opinión predominante en el partido es de un cansancio evidente debido al daño a la imagen pública, en un contexto particularmente sensible: los socialistas asumen con disciplina la espera para la declaración prevista la próxima semana del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto tráfico de influencias, quien ha demorado su comparecencia ante el juez José Luis Calama para fortalecer su estrategia de defensa.
