Varias Audiencias Provinciales están suavizando la exigencia estricta de demostrar un intento previo de acuerdo extrajudicial, para evitar que esta obligación frene el acceso a la justicia.
MADRID – Los tribunales españoles comienzan a flexibilizar los criterios para gestionar los procesos de desahucio. Varias Audiencias Provinciales han adoptado una postura más permisiva, facilitando a particulares y empresas la presentación de demandas para desalojar inmuebles. Esta reacción judicial responde a la realidad del mercado inmobiliario, donde los propietarios enfrentan serias dificultades, e incluso imposibilidades, para negociar con los ocupantes ilegales de sus propiedades.
Este cambio representa un alivio para los arrendadores, quienes hasta ahora veían prolongados indefinidamente los plazos para recuperar sus viviendas debido a una normativa excesivamente restrictiva.
Origen del obstáculo: la obligatoriedad legal de negociar
El problema surge con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Esta ley estableció que ciudadanos o empresas con disputas civiles o mercantiles debían acudir obligatoriamente primero a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como mediación, conciliación o negociación directa, para intentar un acuerdo amistoso antes de presentar una demanda.
En este contexto, los juzgados podían rechazar automáticamente las demandas de desahucio si los propietarios no demostraban que habían intentado previamente negociar con los ‘okupas’. Esta barrera burocrática ha extendido los procesos hasta un promedio de 14 meses, pudiendo llegar a demorarse hasta tres años si el ocupante recurría.
Modificación del enfoque: prevalece el sentido común en los tribunales
No obstante, algunas Audiencias Provinciales han empezado a aplicar una interpretación flexible, considerando impracticable exigir realmente una negociación con ocupantes ilegales, lo que afecta el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, es decir, el acceso a la justicia.
Los jueces explican que, aunque la normativa pretende reducir la carga judicial fomentando acuerdos extrajudiciales, esta no debería convertirse en un obstáculo infranqueable para los propietarios legítimos, especialmente cuando los ocupantes se niegan sistemáticamente a identificarse, responder a notificaciones o participar en negociaciones. Con esta nueva postura, las demandas de desahucio pueden prosperar incluso si los intentos de contacto previo son mínimos o infructuosos.
Diversidad de criterios según la jurisdicción
A pesar de esta evolución en algunas Audiencias Provinciales, la seguridad jurídica para los propietarios sigue dependiendo en gran medida de la región:
- Áreas con mayor flexibilidad: En ciertos tribunales provinciales se admite la demanda considerando la situación de indefensión del propietario.
- Áreas más estrictas: En otras comunidades, la exigencia persiste y los jueces requieren pruebas de desplazamiento físico al inmueble y el envío formal de requerimientos para aceptar el inicio del procedimiento.
Esta disparidad mantendrá el debate activo en el ámbito jurídico hasta que el Tribunal Supremo establezca un criterio uniforme. Sin embargo, las recientes decisiones establecen un precedente importante que permite a los propietarios activar los procesos judiciales sin quedar atrapados en intentos de mediación inviables con los ocupantes ilegales.
