El destino del llamado “monumento a Franco” en Santa Cruz de Tenerife genera nuevamente un desencuentro entre el Ayuntamiento y el Gobierno central. Mientras el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha sugerido examinar su posible inclusión en el catálogo de bienes protegidos por sus supuestos valores artísticos y urbanos, el Ministerio de Memoria Democrática mantiene la obligación de retirarlo del espacio público.
Esta obra escultórica, realizada por Juan de Ávalos, ha protagonizado en los últimos años un debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento ve razones para estudiar su conservación, pero el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que iniciar ese trámite no suspende el plazo asignado para su demolición.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha aprobado evaluar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, defiende que esta decisión crea una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier intervención hasta que el expediente termine.
“Existen suficientes valores artísticos acreditados para preservar la escultura”, indicó el alcalde, quien considera que la orden de retirada del Ministerio debería estar suspendida durante la tramitación municipal.
El Ayuntamiento pretende conceder al monumento un nivel de protección integral por su monumentalidad, su contribución al entorno urbano y sus valores artísticos. El procedimiento administrativo podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez advirtió que, si el Gobierno central continúa con la orden de retirada antes de que concluya el expediente, el conflicto se resolverá en tribunales. Ya se ha presentado un recurso de alzada contra el Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno sostiene que la protección no frena la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rehúsa la interpretación municipal. Según Torres, la propuesta del Ayuntamiento “no paraliza absolutamente nada” y no modifica el plazo de seis meses para retirar la escultura.
El ministro describió la iniciativa como un recurso para retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. «Estamos ante una vuelta de tuerca que ya no sostiene nada», expresó.
Bermúdez, en respuesta, reprochó a Torres no haber actuado sobre la escultura durante los cuatro años que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde afirma que la resolución ministerial admite que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras de protección patrimonial a nivel municipal.
El Ayuntamiento propone mantenerlo con una nueva interpretación
Desde el Ayuntamiento defienden que la Ley de Memoria Democrática no exige eliminar todos los elementos vinculados a la dictadura de forma automática. Según su criterio, algunos pueden conservarse si poseen valores artísticos o patrimoniales, siempre que sean reinterpretados y contextualizados conforme a principios democráticos.
Bermúdez comparó esta posibilidad con el proceso realizado en el antiguo Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio sigue abierto bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde añadió que otras entidades presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, han mostrado su apoyo para estudiar la protección del monumento.
La declaración como Bien de Interés Cultural, máxima categoría de protección, fue rechazada previamente por el área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que aún puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, un argumento de sus defensores
Quienes apoyan la conservación recuerdan que el monumento fue financiado en parte mediante una suscripción popular.
Los datos disponibles indican que más de 80.000 personas aportaron fondos para su construcción. Comparado con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, aproximadamente el 14,9 % de la población participó, es decir, cerca de uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado para argumentar el arraigo histórico del monumento, aunque mantiene abierto el debate sobre su relación con la dictadura franquista y su permanencia en el espacio público.
Las asociaciones mantienen posturas contrapuestas
La Asociación San Miguel Arcángel, promotora de declarar el conjunto como BIC, considera que el monumento posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para conservarse.
Esta organización afirma que la obra no vulnera directamente la Ley de Memoria Democrática y lamenta que el debate jurídico se haya transformado en una confrontación ideológica. También ha formalizado un recurso de alzada y sostiene que la escultura sigue protegida mientras no finalice el procedimiento administrativo.
Por otra parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado como “escandaloso” el intento del Ayuntamiento de impedir la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, detenido y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección es una falta de respeto a las familias de las víctimas de la dictadura.
Además, la asociación acusa al Gobierno municipal, compuesto por Coalición Canaria y Partido Popular, de buscar justificaciones para conservar el monumento y de actuar bajo la influencia de los posicionamientos de Vox.
El conflicto está pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento defiende los valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central insiste en que se trata de un vestigio franquista que debe desaparecer del espacio público.
