La elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas ligadas al juez Juan Carlos Peinado ha generado divisiones entre diversas asociaciones de la judicatura. Algunos grupos creen que esta acción podría invadir las competencias jurisdiccionales y poner en peligro la independencia judicial, mientras que otros defienden la necesidad de una respuesta más contundente ante decisiones que consideran inapropiadas.
La polémica surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, que instruye el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las diligencias se originan por unas declaraciones hechas por el magistrado en el auto que abre el juicio oral. Peinado expresó que los agentes de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, argumento que sirvió para justificar medidas cautelares.
El impulsor de la acción disciplinaria había pedido inicialmente que se archivase el expediente. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta siguió adelante con el respaldo de los miembros progresistas y el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria señala la existencia de división por bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera que la falta de consenso evidencia la continuidad de una política de bloques dentro del órgano de gobierno de los jueces.
Esta organización sostiene que decisiones de esta importancia deberían adoptarse por unanimidad y reitera la demanda de que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la posible sanción a Peinado, la asociación recuerda que el sistema legal ya dispone de mecanismos para revisar posibles excesos dentro de una resolución.
Sostienen que cualquier discrepancia con las decisiones del instructor debe ser resuelta a través de los recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios externos a la vía jurisdiccional.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de ser revisadas en tribunales y se someten a otras vías, lo que está en riesgo no es un juez en particular, sino la independencia judicial y con esta, los derechos de todos los ciudadanos”, señala la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron en su voto particular una postura semejante. Consideraron que las manifestaciones objeto de análisis no constituían una infracción disciplinaria y formaban parte del razonamiento jurídico empleado por el magistrado.
De acuerdo con este grupo, cualquier desacuerdo con el razonamiento de Peinado debería canalizarse mediante los recursos judiciales previstos por la ley.
Advirtieron además que una actuación disciplinaria del CGPJ respecto al contenido de una resolución podría afectar a los principios constitucionales de independencia judicial y de exclusividad en la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente denuncia intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco está de acuerdo con las expresiones utilizadas por Peinado, pero cuestiona el procedimiento empleado por el Consejo para investigar una posible sanción.
La asociación argumenta que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial inicialmente citado se refiere a conductas realizadas por un juez fuera de sus resoluciones. Cuando estas expresiones aparecen en un auto o sentencia, consideran que la iniciativa disciplinaria debe partir del tribunal encargado de atender el recurso.
FJI sostiene que el CGPJ ha intervenido en los argumentos jurídicos del magistrado, lo que puede comprometer su independencia.
Critican también que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno, lo que, en opinión de FJI, proyecta una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la conducta de Peinado
En sentido contrario se posiciona Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división dentro del Consejo como una señal de falta de sensibilidad ante actuaciones judiciales calificadas de “extrañas”.
Esta asociación considera que la tarea jurisdiccional debe guiarse por el rigor, la legalidad y el respeto a las decisiones de las instancias superiores.
JJpD critica particularmente la actuación de Peinado en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y su decisión de no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a sus representantes procesales.
Este caso vuelve a situar en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras unas asociaciones advierten sobre posibles interferencias, otras estiman necesaria la reacción ante decisiones que puedan afectar la imagen de la Justicia.
