Las explicaciones ofrecidas por la dirección de Obimasa sobre las oposiciones para cubrir tres plazas de experto forestal pueden ser técnicamente correctas, pero están muy lejos de despejar las dudas que hoy existen entre trabajadores, sindicatos y ciudadanos.
Cuando tres aspirantes obtienen la máxima puntuación en una oposición y, además, aparecen vinculados familiarmente a personas relacionadas con la empresa, la obligación de la administración no es pedir confianza ciega, sino ofrecer transparencia absoluta. Porque en las instituciones públicas no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.
Lo verdaderamente preocupante es que este caso no surge en un vacío. Llega después de años de rumores, denuncias y sospechas sobre procesos selectivos en organismos y sociedades municipales donde los apellidos parecen repetirse con demasiada frecuencia. En Ceuta son cientos los casos que los ciudadanos señalan como ejemplos de familiares de trabajadores, cargos políticos, sindicalistas o personas bien conectadas que terminan accediendo a puestos públicos mientras otros aspirantes ven cómo sus oportunidades desaparecen.
La sensación de agravio se multiplica cuando, además, existen denuncias recurrentes sobre empleados que apenas aparecen por sus puestos de trabajo o que disfrutan de privilegios que no tiene el resto de la plantilla. Son situaciones que dañan la imagen de las instituciones y generan una profunda desconfianza hacia la administración.
El problema no es que alguien tenga un familiar trabajando en una empresa pública. El problema surge cuando la coincidencia se convierte en costumbre. Cuando los parentescos aparecen una y otra vez entre los seleccionados. Cuando los procesos generan más preguntas que respuestas. Y cuando los antecedentes de oposiciones anteriores ya dejaron dudas que incluso han terminado en los tribunales.
La gravedad del asunto exige algo más que declaraciones tranquilizadoras. Si todo se ha hecho correctamente, la mejor forma de demostrarlo es abrir completamente el expediente, publicar todos los detalles del proceso, garantizar la máxima fiscalización y permitir que cualquier aspirante pueda revisar cada fase de la oposición.
Los ciudadanos tienen derecho a saber que las plazas públicas se obtienen por mérito y capacidad, no por cercanía familiar, política o sindical. Y quienes gobiernan tienen la obligación de garantizar que no exista la más mínima sospecha de favoritismo.
Porque el verdadero problema para Ceuta no es únicamente una oposición concreta. El verdadero problema es que cada vez son más los ciudadanos que han dejado de creer que todos compiten en igualdad de condiciones.
Y cuando la confianza en las instituciones desaparece, el daño es mucho mayor que el resultado de cualquier examen.
