Pasada una semana desde que se dio como oficial la acción coercitiva contra la integridad del territorio nacional y que algunos interesadamente llaman «crisis migratoria», es necesario realizar una profunda reflexión de todo lo que está ocurriendo en Ceuta y en España.
Empecemos por la gramática y lo jurídico. Siempre he creído que la Ley nacía como consecuencia de regular algo que el ciudadano necesitaba. Se ha legislado por ejemplo sobre la obligación de circular con un vehículo por un carril determinado para evitar el caos circulatorio. Lo mismo ocurre con los semáforos, las señales de tráfico y demás elementos. Todo se ha normalizado para evitar accidentes y facilitar al conductor una forma segura de desplazarse. Ante una necesidad una norma que regula la forma de actuar.
Cuando la norma es la consecuencia de una necesidad del legislador (el político) y no del legislado (el ciudadano) y el efecto conseguido es el contrario al que teóricamente se pretendía surgiendo el desconcierto. Hemos llegado a un punto que se admite que lo jurídico no debe ser siempre lógico y que el significado de nuestro rico castellano, no tiene porqué coincidir con lo establecido por la Ley. Tampoco podemos culpar a los jueces cuando la aplican a pesar de ser conscientes de sus consecuencias, recordemos lo ocurrido con la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la «ley del solo sí es sí». Ante las consecuencias indeseadas de la norma, el Congreso de los Diputados se aprobó en abril de 2023 la Ley Orgánica 4/2023, que modificó la ley para elevar de nuevo las penas mínimas en los casos que impliquen violencia o intimidación, evitando que suceda en condenas por hechos cometidos con posterioridad a dicha reforma. Ahora vemos que la excepción legal de la Disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, establece que el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla no puede aplicarse de forma extensiva a la frontera marítima.
Ahora vuelve a ocurrir lo mismo ante la pasividad de los gobiernos que han pasado por el Congreso desde los primeros asaltos a la valla. No culpo solo al actual, aunque este haya sacado matricula de honor en sus continuas negligencias. Tan graves que me hace dudar si todas son inocentes y exentas de culpa y dolo. No es una idea surgida con el asalto masivo actual, sino cuando quien nos ha de proteger eliminó el OCON-Sur (Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico – Andalucía), desmantelándolo a finales de 2022. La unidad fue replegada como estructura independiente y sus agentes se reintegraron en las Comandancias y en las Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil en la zona. El resultado lo conocemos todos y sin embargo no se ha rectificado. Tampoco funciona correctamente el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), es un producto de INDRA y realiza un magnífico servicio ¿por qué? esta desidia.
Este gobierno y el anterior del PP tuvieron en sus manos reforzar la frontera con planes que se remitieron desde la propia Delegación de Gobierno en Ceuta y aún vemos, casi diez años después a los GC de la valla con el bote de gas pimienta. Esto nos da una idea del grado de implicación con Ceuta de este Gobierno y su Delegado a quién los ceutíes ya lo llaman Wally.
Volviendo al tema de la entrada, estoy un poco harto de escuchar en los medios de comunicación y a las propias autoridades llamar a lo sucedido crisis migratoria, incluso tratar jurídicamente el tema como inmigración. Cuando ese desplazamiento se realiza mediante el uso organizado de la fuerza para superar la resistencia del Estado encargado de custodiar la frontera, deja de ser únicamente un fenómeno migratorio y pasa a convertirse en una acción coercitiva contra la integridad del control fronterizo.
La frontera representa el ejercicio de la soberanía del Estado. Quien solicita entrar debe reconocer esa soberanía, con independencia de que obtenga autorización o no, quien intenta franquearla mediante violencia no está simplemente migrando; está anulando por la fuerza la decisión soberana del Estado sobre quién puede acceder a su territorio. Por tanto, la diferencia no es administrativa, sino cualitativa: una conducta se basa en la petición o el intento de acceso; la otra en la imposición por la fuerza.
Busquemos una analogía que nos permita entender la gravedad de lo sucedido. Entrar en una vivienda sin permiso es allanamiento; derribar la puerta y golpear al propietario para entrar no es «el mismo allanamiento«, sino un hecho de naturaleza mucho más grave. Del mismo modo, cruzar una frontera de forma irregular y asaltarla violentamente son conductas distintas porque el uso de la fuerza altera la naturaleza del acto. Sin embargo, todos los medios están volcados con la situación de los pobres asaltantes y no con la actuación negligente de unos políticos que no han sido capaces de gestionar esta situación en décadas.
Ahora estudiemos la respuesta del Gobierno.
¿Mejorar los obstáculos y los medios de defensa ante los asaltos?
Lo que ha aprobado es una partida extraordinaria de urgencia: 25 millones de euros anunciados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para atender la situación de emergencia y el colapso de los recursos de acogida, no para evitar que esto vuelva a suceder. Se gasta el dinero en las consecuencias y no en anular las causas que las provoca. Tomen Vd,s nota, otra vez una partida extraordinaria de urgencia ¿Cómo se van a realizar las contrataciones?
¿Apoyo moral? Pues el mismo que nos ha dado nuestro amado Presidente de la Nación llegando con mas escolta que guardias Civiles trasladados de urgencia a la Ciudad, enviando una barrera de contención que resulta ser de anticontaminación flotante, lo que técnicamente se conoce como Booms o oil containment booms exactamente igual a la de la fotografía, aconsejándonos la música para escuchar este verano y manteniendo a cuatro ministros y varias personalidades del partido en una fiesta que debían haber abandonado inmediatamente y llamar a consulta a la embajadora del reino alauita Karima Benyaich.
¿Va a organizar de mejor forma la vigilancia y defensa de la integridad territorial?
La frontera ha quedado en evidencia, la causa; o han sido los servicios de inteligencia o el Gobierno, o lo irrisorio de los obstáculos. Seguro que lo segundo cuando desde la propia ciudad se estaba avisando que la progresión en las entradas era exponencial. Cuando un país deja su seguridad en manos de un tercero puede que le ocurra lo mismo que a los romanos con los barbaros que tenían a sueldo.
¿Medidas a tomar?
Jurídicas, coercitivas y penales si hiciera falta.
La primera de todas cambiar la legislación. Sin un análisis jurídico por medio y sin culpabilizar como se ha explicado antes al Tribunal Supremo, al ciudadano se le hace muy difícil entender lo sucedido. Es necesario antes que nada cambiar la legislación y proteger nuestras fronteras, algo que no está reñido con la solidaridad pero hay que saber distinguir una de otra.
Lo segundo; los medios. Alargar el espigón o dotar de medios distintos al bote de gas pimienta sería otra. En la Delegación de Gobierno disponen de varios planes por si les interesa. Que la Guardi Civil tenga sus instalaciones en aquellos lugares donde se producen estos sucesos y pueda actuar con la rapidez necesaria y no en el extremo opuesto de la ciudad.
Finalmente decir que transciende ante la lectura del artículo cierta antipatía por los políticos, pues solo decir que no los odio pero los desprecio. No me dejan otra alternativa.
