Por Ramón Rodríguez Casaubón
¡Sí, fue una comparecencia oficial! La de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Una comparecencia oficial. Y, ante lo ocurrido, surgen preguntas inevitables: ¿se puede mentir en una comparecencia parlamentaria?
A diferencia de los testigos en un juicio, que declaran bajo juramento y se exponen a un posible delito de falso testimonio, un ministro o miembro del Gobierno no incurre en un delito penal por mentir u ocultar información en la sede del Congreso de los Diputados.
Pero ¿mintió Robles?
Según el delegado del Gobierno en Ceuta, sí. Mediante una nota oficial, el representante del Gobierno en la ciudad contradice las afirmaciones realizadas por la ministra de Defensa.
Esto nos lleva a una conclusión política evidente: o Margarita Robles o Miguel Ángel Pérez Triano —ministra o delegado del Gobierno en Ceuta— deberían asumir responsabilidades. O uno de los dos no se ha enterado de lo sucedido o uno de los dos está faltando a la verdad.
Ambos han actuado, además, dentro del ámbito de sus respectivas funciones, cuestionando la labor y las declaraciones del otro.
La comparecencia de la ministra está sujeta a responsabilidades políticas y a las normas parlamentarias. El artículo 108 de la Constitución Española establece que “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”. Es decir, responde políticamente de su gestión ante la Cámara.
Faltar a la verdad ante el Parlamento —si así se demostrara— supone un grave deterioro de la confianza institucional y puede desencadenar consecuencias políticas, entre ellas:
- La reprobación parlamentaria de la ministra.
- Una moción de censura.
- La exigencia de dimisión por pérdida de confianza.
Yo me quedo con la tercera opción para cualquiera de los dos aludidos.
Por otro lado, no podemos olvidar la obligación de quienes ejercen responsabilidades públicas de actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general, tal y como recoge el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Es evidente que, al menos, uno de ellos no lo ha hecho. Incluso, tal vez, los dos.
CNI, CIFAS y la crisis de Ceuta
Margarita Robles defendió que el CNI —Centro Nacional de Inteligencia— y el CIFAS —Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas— hicieron su trabajo y compartieron con el Ministerio del Interior y con la Delegación del Gobierno los informes preventivos relativos a la crisis de Ceuta.
Si esto fue así, ¡dimisión del delegado del Gobierno, ya!
Si, por el contrario, no ocurrió, ¡dimisión de la ministra de Defensa, ya!, además del cierre inmediato del CNI y una reestructuración del CIFAS.
De una forma u otra, lo que queda claro es que el PSOE no parece capaz de coordinarse ni siquiera para realizar una declaración conjunta.
¿Nos extraña entonces que no sea capaz de solucionar la crisis de Ceuta?
Ni turbas ni odio
En otro orden de cosas, la ciudadanía, aunque solo sea una mínima parte de ella, no puede tomarse la justicia por su mano.
No puede actuar como una turba sedienta de odio. Debe confiar en sus instituciones y exigirles a ellas que resuelvan los problemas. A ellas debe señalar. Ante ellas debe manifestarse.
Debemos plantearnos seriamente si queremos permitir que el racismo campe a sus anchas por nuestras calles o si, por el contrario, queremos defender la solidaridad como esencia de la comunidad diversa y multicultural que realmente somos.
Vivas se ha subido al caballo de Abascal junto a Tellado, mientras el PSOE contempla los acontecimientos desde la barrera.
Entre unos y otros, la tensión va en aumento. Y solo es cuestión de tiempo que algún inocente pueda convertirse en víctima de la presión a la que están sometiendo a la ciudadanía ceutí tanto el PP como el PSOE.
El delegado del Gobierno debería haber dimitido hace mucho tiempo y Vivas debería dejarse de jueguecitos que pueden llevarnos a la ruina.
No confundamos musulmán con enemigo
No confundamos musulmán con enemigo, ni a los niños con invasores.
A finales de julio entraron en Ceuta 80.000 personas, de toda índole, pero especialmente personas que buscaban una vida mejor. Entre ellas también hay delincuentes; no hay más que observar algunos de los casos de violencia y agresiones denunciados.
Hay chicas y mujeres que necesitan de la protección de una gran ciudad como es Ceuta y de un maravilloso país como es España.
Otra cosa bien diferente son sus Gobiernos: el nacional, como máximo responsable, y el local, como cómplice necesario.
Y reitero: 80.000 personas, de toda índole, pero especialmente gente que busca una vida mejor.
¿Quién gana y quién pierde?
En Ceuta se está jugando una partida política en la que no sabemos quién ganará, pero sí sabemos quién pierde: la humanidad.
Fruto de esta pérdida llega la división. Tras ella, el enfrentamiento.
Y mientras tanto, Marruecos consigue lo que pretendía.
Lo dijo Soul Etspes:
“Quien gobierne en Ceuta tiene la obligación de mantener la cohesión social y la unidad de la comunidad, quien desee invadirla por la fuerza solo debe provocar el enfrentamiento interno para conseguir la fragmentación que lleve a la disolución”.
Esta máxima se convierte en axioma en sociedades multiculturales.
