La documentación desclasificada revela que el Estado detectó un aumento de la presión migratoria, pero el Gobierno sostiene que ningún informe anticipó una entrada masiva de la dimensión que sufrió Ceuta
La publicación de alrededor de 40 documentos desclasificados por el Gobierno abre una de las principales incógnitas de la crisis migratoria de Ceuta: qué información tenían los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad antes de la entrada masiva del 30 de julio y qué decisiones se tomaron a partir de ella.
La documentación comprende el periodo entre el 1 de julio y el 1 de agosto e incluye informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.
Sí existían avisos sobre un aumento de la presión migratoria
Uno de los elementos que aparece con mayor claridad es que las autoridades españolas sí disponían de información sobre un incremento de los intentos de entrada a nado durante julio.
La cuestión que ahora centra el debate es otra: si esas señales permitían anticipar una operación de la magnitud que finalmente se produjo.
El Gobierno sostiene que no.
Según la versión defendida por Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, los informes advertían de un incremento de la presión migratoria, pero no anticipaban una entrada masiva de decenas de miles de personas.
Esta diferencia resulta fundamental para determinar si existió un fallo de previsión o si, por el contrario, la dimensión de los acontecimientos desbordó cualquier escenario contemplado previamente.
CNI, CIFAS y Guardia Civil aparecen en la documentación
Los documentos publicados incluyen tres notas del CNI, un documento del CIFAS y comunicaciones del servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con una unidad especializada de la Guardia Civil.
La documentación permite reconstruir parte del flujo de información existente en las semanas previas.
Sin embargo, la publicación de estos documentos no significa que toda la información relacionada con la crisis haya quedado desclasificada.
El Gobierno ha mantenido que determinados documentos pueden continuar bajo reserva por razones relacionadas con la seguridad nacional.
La gran pregunta: ¿se pudo anticipar lo que ocurrió?
Este es precisamente el punto que mantiene enfrentados al Gobierno y a la oposición.
El Partido Popular sostiene que existieron avisos previos que debieron provocar una reacción más contundente y acusa al Ejecutivo de no haber actuado adecuadamente.
Marlaska, por su parte, mantiene que no existió ninguna advertencia concreta sobre una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
El ministro ha defendido que durante julio se reforzó la presencia de la Guardia Civil y que Marruecos llegó a interceptar miles de personas antes de que alcanzaran la frontera española.
Marruecos sigue siendo una de las grandes incógnitas
Otro de los aspectos que genera mayor interés es la posible participación de ciudadanos o agentes marroquíes en la organización de la entrada.
La investigación judicial dirigida por la magistrada María Tardón analiza esta posibilidad a partir de diferentes elementos, entre ellos un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
Ese informe apunta a una actuación permisiva o facilitadora de determinados agentes marroquíes, pero no identifica al Gobierno de Marruecos como responsable directo de la operación.
Además, tres altos mandos policiales han trasladado por escrito a Interior que ningún informe atribuye hasta ahora la autoría del asalto a ningún Gobierno, incluido el marroquí.
Por tanto, hay que distinguir entre la posible actuación de individuos o agentes sobre el terreno y una eventual responsabilidad institucional de Marruecos.
La desclasificación no cierra el debate
Los documentos aportan nuevos datos, pero también dejan preguntas abiertas.
La principal es si la información disponible antes del 30 de julio era suficiente para comprender que Ceuta se enfrentaba a una situación extraordinaria.
Otra cuestión es saber qué información recibió exactamente cada organismo y cómo fue interpretada.
Y una tercera afecta a la posible existencia de información adicional que todavía permanezca clasificada.
La propia investigación judicial mantiene abiertas estas cuestiones. La Audiencia Nacional estudia las circunstancias de la entrada masiva y analiza diferentes hipótesis sobre su organización y desarrollo.
Sánchez admite que hay que mejorar la anticipación
El propio Pedro Sánchez ha reconocido ahora que los servicios de inteligencia deben mejorar sus capacidades de anticipación y prevención ante situaciones como la vivida en Ceuta.
El reconocimiento resulta significativo porque introduce una cuestión que va más allá de la disputa política: cómo debe prepararse el Estado ante futuras crisis de características similares.
La experiencia del 30 y 31 de julio ha puesto de manifiesto que una alerta sobre un incremento de la presión migratoria puede no ser suficiente si no existe capacidad para determinar cuándo ese incremento puede transformarse en una situación extraordinaria.
Ceuta sigue esperando respuestas
La publicación de los documentos permitirá conocer mejor qué información circuló durante las semanas anteriores a la crisis.
Pero para Ceuta queda todavía una pregunta fundamental: ¿qué se aprendió de lo ocurrido y qué se va a cambiar para que no vuelva a repetirse?
La investigación judicial tendrá que determinar las responsabilidades que correspondan.
El debate político deberá establecer si hubo errores de previsión o de gestión.
Y las instituciones europeas tendrán que decidir qué papel desempeñan ante una situación que afecta directamente a una frontera exterior de la Unión Europea.
Mientras tanto, los documentos desclasificados permiten avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido, pero todavía no ofrecen una respuesta definitiva a la pregunta que permanece en el centro de la crisis: qué sabía exactamente el Estado antes del 30 de julio y si esa información permitía prever lo que finalmente ocurrió en Ceuta.
