Los informes, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, incluyen documentación del CNI, CIFAS y comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil
El Gobierno ha hecho públicos este miércoles alrededor de 40 documentos desclasificados relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
La documentación había sido desclasificada por el Consejo de Ministros y su publicación cumple el compromiso anunciado por Pedro Sánchez ante el Congreso para aportar transparencia sobre la información que manejaron los distintos organismos del Estado antes y durante la crisis.
Los documentos abarcan el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto, es decir, incluyen tanto las semanas anteriores a la entrada masiva como los primeros días posteriores.
¿Qué contienen los documentos?
Entre la documentación publicada figuran tres notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un documento del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y comunicaciones mantenidas por el CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil.
La publicación pretende arrojar luz sobre una de las principales controversias surgidas después de la crisis: qué información tenían las autoridades españolas antes del 30 de julio y si existieron avisos que permitieran anticipar la magnitud de la entrada.
El Gobierno sostiene que los documentos demuestran que sí hubo información sobre un incremento de las entradas a nado, pero que ningún informe anticipó una llegada masiva de decenas de miles de personas. Pedro Sánchez ha defendido que los informes disponibles describían un aumento de los cruces, pero no la dimensión que finalmente alcanzó la crisis.
Sánchez defiende que no hubo una alerta sobre 70.000 personas
El presidente del Gobierno ha insistido este miércoles en que las autoridades detectaron durante julio un incremento de los intentos de entrada a nado.
Sin embargo, según su interpretación de la documentación, se trataba de un aumento que se situaba en el orden de cientos de personas, muy lejos de las decenas de miles que terminaron llegando a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.
Sánchez considera que esta documentación permite demostrar que el Ejecutivo actuó con la información disponible en cada momento.
La publicación llega, además, en plena confrontación política entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la gestión de la crisis.
El PP cuestiona la actuación del Gobierno
El Partido Popular sostiene que las autoridades recibieron advertencias previas y acusa al Ejecutivo de no haber reaccionado adecuadamente ante ellas.
El debate se ha trasladado especialmente al papel desempeñado por Interior y los servicios de inteligencia.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que no existió ninguna advertencia concreta sobre una entrada de la magnitud que finalmente se produjo y ha rechazado las acusaciones de negligencia formuladas por la oposición.
La publicación de los documentos busca precisamente aportar elementos objetivos al debate.
La desclasificación no cierra todas las preguntas
Aunque el Gobierno ha anunciado la publicación de unos 40 documentos, la desclasificación no significa que todas las cuestiones sobre la crisis hayan quedado resueltas.
Según la información difundida, los documentos disponibles no incluyen necesariamente toda la información de inteligencia existente sobre una posible participación de Marruecos en la organización de la entrada masiva.
La Moncloa sostiene que los informes de inteligencia de los que dispone el Ejecutivo no ofrecen pruebas concluyentes para atribuir al Gobierno marroquí la planificación de los acontecimientos.
Al mismo tiempo, continúa abierta la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva.
Una documentación que puede marcar la investigación política y judicial
La publicación de los informes supone un nuevo capítulo en una crisis que ya se desarrolla en varios frentes.
La documentación será examinada ahora por los partidos políticos, los medios de comunicación y también por quienes investigan judicialmente lo ocurrido.
La cuestión central seguirá siendo determinar qué sabía el Estado antes del 30 de julio, cuándo lo supo y si esa información permitía adoptar medidas diferentes.
Por el momento, el Gobierno sostiene que los documentos avalan su versión: hubo señales de un aumento de la presión migratoria, pero no una alerta que anticipara una entrada de la dimensión histórica que finalmente sufrió Ceuta.
La publicación de estos 40 documentos abre ahora una nueva etapa en el debate sobre una crisis que todavía mantiene abiertas importantes incógnitas.
