Cinco personas relacionadas en diferentes momentos con la Autoridad Portuaria de Ceuta han interpuesto una querella contra el ex farero de Punta Almina por supuestos delitos de injurias y calumnias, además de exigir compensaciones económicas importantes.
Según se detalla en la querella, los demandantes incluyen al antiguo jefe de Recursos Humanos del organismo portuario, un familiar directo suyo, la pareja de otro pariente, el ex representante sindical de CC.OO. en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y otro allegado más.
El conflicto surge a raíz de varias comunicaciones enviadas por el ex farero a entidades estatales, como el Ministerio de Transportes, la Presidencia del Gobierno y la Subdirección General de Inspección de Servicios y Atención al Ciudadano. En estas, solicitaba que se investigaran ciertos procedimientos selectivos llevados a cabo en la Autoridad Portuaria.
La defensa del ex farero argumenta que estas comunicaciones debían mantenerse confidenciales y que la divulgación de su identidad habría vulnerado las garantías establecidas en la Ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre infracciones normativas y combate la corrupción.
Según esta versión, la documentación fue transmitida entre diversas entidades hasta llegar a la Autoridad Portuaria, lo que permitió que terceros conocieran tanto el contenido de sus denuncias como su identidad.
El ex trabajador sostiene que sus escritos no buscaban presentar acusaciones concluyentes, sino solicitar una investigación administrativa sobre ciertos procesos de contratación que, a su juicio, requieren revisión.
Para respaldar esta solicitud, afirma haber realizado un análisis basado en criterios socioestadísticos sobre diferentes procesos selectivos, detectando coincidencias familiares entre quienes participaron en órganos que definieron perfiles profesionales y los candidatos que luego fueron adjudicados.
Entre los casos mencionados se incluyen procesos para puestos en el área informática y sistemas de ayuda a la navegación. El ex farero considera que la existencia de vínculos familiares entre miembros de órganos internos y adjudicatarios justifica una revisión externa de la regularidad de dichos procedimientos.
También cuestiona ciertos requisitos técnicos exigidos, o supuestamente no exigidos, en algunas convocatorias, señalando que estándares internacionales vinculados al ámbito marítimo deberían haberse tenido en cuenta.
No obstante, los querellantes defienden su honor y niegan cualquier irregularidad, razón por la cual han acudido a la vía judicial.
El caso añade complejidad al debate sobre los límites entre el derecho a denunciar posibles irregularidades, la protección de quienes informan y el respeto al honor de las personas implicadas. Será la justicia quien determine si las declaraciones formuladas están amparadas por el interés público o si excedieron el límite de la injuria o calumnia.
