A quince días del cierre del plazo, el Ministerio de Inclusión ha recibido 900.000 solicitudes, superando con creces cualquier proceso administrativo anterior en España.
La iniciativa de regularización extraordinaria para personas extranjeras en España avanza con cifras sin precedentes en la historia demográfica y laboral del país. Con dos semanas restantes antes de que finalice el plazo el 30 de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado un total histórico de 900.000 solicitudes para normalizar la situación administrativa de extranjeros residentes.
Los datos provisionales indican que esta regularización supera ampliamente la realizada en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, periodo en el que se registraron 691.655 solicitudes y se otorgaron 576.506 permisos de residencia.
Actividad en oficinas y estado de los expedientes
La gran afluencia de solicitudes recientes refleja la importancia de una medida destinada a legalizar el empleo no declarado y garantizar derechos laborales y fundamentales a quienes han residido efectivamente en el territorio nacional antes del 1 de enero de 2026.
De los 900.000 expedientes introducidos, se ha admitido a trámite aproximadamente el 40%, es decir, unas 360.000 solicitudes. Fuentes ministeriales llaman a mantener la calma, ya que tras la entrega formal del expediente, las entidades públicas tienen un plazo legal de tres meses para comprobar la documentación y resolver.
«Que nadie quede excluido»: meta común
El intenso trámite está movilizando una coordinación sin precedentes entre ministerios, oficinas de Extranjería, Seguridad Social y la red postal de Correos. El lema común en despachos y en la calle en estas semanas ha sido «que nadie quede excluido». Este objetivo es compartido por el Ejecutivo, despachos legales especializados y organizaciones no gubernamentales que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a los solicitantes para completar los formularios.
Para acogerse con éxito a esta oportunidad extraordinaria, los solicitantes deben demostrar una residencia continua de al menos cinco meses en España al momento de presentar la solicitud, no contar con antecedentes penales en España ni en sus países de origen en los últimos cinco años, y abonar una tasa fija de 38,28 euros.
Impacto económico: reconocer el capital humano
Además del aspecto humanitario y de derechos civiles, análisis académicos coinciden en el impacto económico positivo para las finanzas públicas. Se estima que la Seguridad Social recibiría un beneficio fiscal neto medio de unos 4.000 euros anuales por cada inmigrante que comience a cotizar de manera regular. La prioridad es regularizar de forma definitiva a una mano de obra ya fundamental para el crecimiento económico y el tejido productivo del país.
