El portavoz de ERC en el Congreso denuncia una «cacería judicial» contra la izquierda, mientras los aliados en la investidura muestran reacciones que van desde el respaldo total, la cautela, hasta la demanda de aclaraciones sobre el ‘caso Plus Ultra’.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ha calificado este miércoles con dureza el auto que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con su habitual franqueza, ha señalado que «si es cierto, es muy grave; y si no, es aún más grave», y ha reclamado una aclaración inmediata del presidente Pedro Sánchez.
Durante la sesión de control al Gobierno, Rufián formuló una pregunta a Sánchez en la que expresó su «respeto y aprecio» personal hacia Zapatero y destacó el fuerte impacto político que la noticia ha supuesto. A su juicio, que el exmandatario socialista esté judicializado «afecta profundamente» a los sectores progresistas en España.
El representante de ERC afirmó que el proceso judicial responde a motivos partidistas y de desgaste electoral, describiendo a Zapatero como un «activo político importante para la izquierda» que se intenta neutralizar a través de la justicia. Rufián admitió sentirse afectado por la imputación y denunció una «persecución judicial» contra la izquierda, añadiendo que otros expresidentes como Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy habrían merecido un trato similar.
«Hemos visto casos de corrupción abundante que no tienen consecuencias, pero la izquierda es diferente», señaló el diputado republicano, quien además reconoció en declaraciones a la prensa que el auto judicial emitido por la Audiencia Nacional está «muy bien fundamentado».
Respuesta del Gobierno y el plan de regeneración democrática
El presidente Pedro Sánchez evitó confrontar directamente con los comentarios de Rufián o comentar el caso penal durante su réplica, y prefirió centrar la atención en la agenda legislativa del Ejecutivo.
Sánchez recordó que está en trámite una ley para regular estrictamente la actividad de los grupos de presión (lobbies). Invitó a los grupos parlamentarios a facilitar la rápida aprobación de esta norma, que forma parte del plan de Regeneración Democrática del Gobierno para aumentar la transparencia institucional.
Reacciones divergentes en el bloque de investidura: entre la prudencia y la sospecha de ‘lawfare’
La imputación de Zapatero, la primera que enfrenta un expresidente en la etapa democrática reciente, ha generado inquietud y opiniones variadas dentro de los grupos que apoyan al Gobierno en el Parlamento.
Ione Belarra, líder de Podemos, se mostró reservada al llegar al pleno, señalando brevemente que la situación judicial «no parece positiva». Águeda Micó, de Compromís, pidió cautela institucional hasta que el exmandatario ejerza su derecho a la defensa, pero expresó que, si se confirman indicios de corrupción, «la ley debe aplicarse con rigor». Micó se distanció de ERC al indicar que, tras analizar el auto completo, duda de que haya una instrumentalización política de la justicia en este caso.
En Sumar e Izquierda Unida, Enrique Santiago evitó afirmar que exista persecución judicial, centrando la atención en la necesidad de reformas profundas: «Es básico regular claramente las actividades de los expresidentes». Añadió que «cobros indebidos por gestiones políticas constituyen un delito». Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, reiteró la importancia de mantener la calma y estudiar con detenimiento «el desarrollo de los hechos».
El PSOE pide pruebas y defiende la presunción de inocencia
El Partido Socialista adoptó una postura de defensa activa combinada con el respeto a los procesos judiciales. Patxi López, portavoz socialista, solicitó una investigación exhaustiva y que se presenten las pruebas de forma clara. Además, subrayó la necesidad de respetar la presunción de inocencia de Zapatero, asegurando que el PSOE continuará apoyándolo hasta que se demuestre lo contrario.
Detalles de la imputación judicial
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado José Luis Calama, sitúa a Zapatero como el presunto cabecilla de una red organizada de influencia trasnacional. La investigación apunta a una supuesta trama que buscaba intervenir ilícitamente ante autoridades nacionales y extranjeras para conseguir decisiones administrativas y beneficios económicos para terceros.
En el marco del caso ‘Plus Ultra’, Zapatero está formalmente imputado por tres delitos graves: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
