Desde la cumbre de la Unión Europea en Chipre, el presidente del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo responderá con «total contundencia» ante la aprobación de leyes que generen ciudadanos de «primera y segunda categoría».
NICOSIA (CHIPRE) | En una jornada dedicada a asuntos nacionales durante la cumbre informal de líderes europeos, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha expresado una fuerte crítica hacia los acuerdos alcanzados por el Partido Popular y Vox en regiones como Extremadura y Aragón. Según Sánchez, estas formaciones están incumpliendo la Constitución al impulsar el principio de «prioridad nacional», lo que considera una discriminación directa entre ciudadanos.
El presidente ha enfatizado que este concepto vulnera los fundamentos de igualdad y no discriminación establecidos en la Carta Magna, sin importar el origen, raza, género u orientación sexual de las personas.
Apoyo de Amnistía Internacional
Sánchez ha destacado la postura de Amnistía Internacional, que recientemente advirtió sobre el peligro que estos acuerdos representan para los derechos humanos en España. «Comparto plenamente esa valoración», comentó el presidente, añadiendo que la prioridad nacional podría excluir principalmente a migrantes en la actualidad, pero alertó que en el futuro podría afectar a otros colectivos.
El jefe del Ejecutivo considera que estos pactos constituyen un retroceso que perjudica gravemente tanto a las comunidades involucradas como al país en general.
Foco en asociaciones sociales
Sánchez también ha señalado la problemática del posible señalamiento a asociaciones que desarrollan políticas sociales esenciales en áreas donde el Estado no llega. Ha denunciado que los acuerdos entre la derecha y la ultraderecha centran su atención en entidades:
- Religiosas y de ayuda social.
- Feministas y defensoras de la diversidad.
«El progreso de España transcurre cuando se reconocen derechos y se valora la diversidad como fuente de desarrollo, no como una amenaza inexistente», subrayó Sánchez.
Mensaje de tranquilidad
Frente a la preocupación por la posible implementación de estas políticas en leyes autonómicas, el presidente ha transmitido calma a la población, asegurando que el Gobierno supervisará de cerca estas iniciativas. Ha asegurado que, ante cualquier normativa que contravenga los principios constitucionales de igualdad, el Estado actuará «con la fuerza de la ley y con total contundencia» para defender los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia.
