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Santos Cerdán bajo investigación por presunta red para afectar causas judiciales vinculadas al PSOE

La Audiencia Nacional examina al exsecretario de Organización socialista por liderar una red financiada con recursos del partido. La UCO ha registrado numerosas reuniones en Ferraz, pagos periódicos a Leire Díez y presuntos sobornos a testigos.

MADRID. — El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ve sacudido por una compleja investigación judicial. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto bajo la lupa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de una supuesta trama destinada a «desestabilizar y desarticular» procesos judiciales que involucran al Gobierno y al partido.

Denominada como el ‘caso Leire’, la indagación ha llevado a la imputación de varios cargos relevantes, incluyendo a Ana María Fuentes, gerente del PSOE. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido en la sede del partido en Ferraz para obtener documentos clave.

Orígenes: El grupo denominado ‘Hirurok’

Según lo recogido en los autos del juez Pedraz, la red tiene sus raíces en junio de 2021 con la formación de un grupo en la aplicación de mensajería cifrada Threema. Este grupo, llamado ‘Hirurok’ (que significa “nosotros tres” en euskera), estaba integrado por la exmilitante Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso. Tras no lograr posicionar a Díez en altos cargos dentro de la administración pública, el colectivo habría dirigido sus actividades hacia fines supuestamente ilícitos.

Desarrollo clave: Tras la carta enviada por Sánchez

El motor operativo de esta supuesta red comenzó a activarse en abril de 2024. En un período conocido por los «cinco días de reflexión» que tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luego de las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, la red identificó una oportunidad. Un mensaje interceptado dirigido a Leire Díez el 24 de abril de 2024 indica: «Me voy de urgencia a Madrid… Santos me ha ordenado ir. Tenemos datos que podrían beneficiar al presidente».

Dos días más tarde, el 26 de abril, se llevó a cabo el primer encuentro formal en la sede de Ferraz. Participaron Díez y el empresario Javier Pérez Dolset junto a Santos Cerdán y otros responsables de comunicación del PSOE. El juez describe esta reunión como el momento decisivo en el que se planificaron actividades ilícitas para influir en procedimientos judiciales.

Constantes reuniones y financiación oculta

Contrario a las explicaciones iniciales de los involucrados, quienes atribuyeron sus reuniones a labores periodísticas, la UCO ha invalidado esta justificación. Los agentes han identificado 39 encuentros para «coordinar y rendir cuentas», de los cuales al menos 22 se llevaron a cabo físicamente en la sede del PSOE en Ferraz desde abril de 2024 hasta mayo de 2025.

El juez indica que existen «indicios graves» que apuntan a que la actividad se financió con los fondos propios del partido. Además, la red habría pagado de forma regular a Leire Díez aproximadamente 4.000 euros mensuales.

La gerencia del partido, representada por Ana María Fuentes, está bajo sospecha por su posible colaboración en la gestión logística y la autorización de facturas supuestamente falsas por un importe de 125.000 euros, destinadas al abogado Jacobo Teijelo.

Presuntos sobornos a testigos

La gravedad del caso aumenta con las pruebas que indicarían intentos de obstrucción judicial. Según las grabaciones telefónicas y ambientales, miembros de la red habrían intentado influir en testigos clave, incluso ofreciendo sobornos. Una oferta de 50.000 euros habría sido dirigida a Carmen Pano para que proporcionara declaraciones falsas ante el juez. En uno de los audios interceptados por la Guardia Civil se escucha: «Esta se puede comprar».

El caso continúa ampliándose con rapidez: la UCO ha tomado declaración a tres generales de la Guardia Civil para investigar posibles filtraciones a la prensa. Asimismo, el magistrado ha solicitado al PSOE los registros oficiales de acceso para verificar si comisarios policiales y exdirigentes políticos de la oposición visitaron Ferraz durante estas supuestas operaciones.

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