La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, demandó este martes a los responsables de TikTok la paralización voluntaria de sus actividades en España luego de una investigación periodística que evidenció la presencia de miles de contenidos relacionados con violencia sexual infantil en la plataforma. Ante la ausencia de compromisos claros por parte de la empresa durante una reunión urgente, el Ministerio solicitó formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que adopte medidas cautelares para bloquear la app en todo el país.
Para respaldar esta solicitud de cierre temporal, la ministra se apoyó en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos europeo, el cual permite a las autoridades nacionales imponer restricciones inmediatas por un máximo de tres meses en situaciones excepcionales, cuando hay una amenaza urgente que pone en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios, especialmente la protección integral de los menores.
Limitaciones en los sistemas de moderación y respuesta de la plataforma
Esta acción ministerial surge tras la divulgación de un informe realizado por Maldita.es, en el que se detectaron más de 1.000 vídeos y 20.000 perfiles asociados al intercambio y venta de material de abuso sexual infantil. Luego de la reunión con la delegación de TikTok, Rego criticó la falta de disposición por parte de la empresa para aceptar auditorías externas o establecer controles efectivos de verificación de edad, señalando que ofrecieron respuestas dilatorias sin proponer medidas operativas inmediatas.
Representantes oficiales de TikTok —que tiene 26 millones de usuarios mensuales en España— declararon que proteger a la comunidad es su prioridad principal y reafirmaron la prohibición estricta de esos contenidos. Aun así, reconocieron debilidades en sus algoritmos para detectar tácticas cada vez más sofisticadas de redes delictivas, y criticaron al medio por no compartir con antelación los detalles técnicos encontrados.
Derivación a la Fiscalía y discusión sobre la posible suspensión de servicios
Simultáneamente a las acciones ante la AEPD, la ministra Rego ha remitido el caso a la Fiscalía General del Estado para que analice las posibles implicaciones penales por las deficiencias en la moderación de contenidos. La solicitud dirigida al Ministerio Público contempla que se adopten las medidas cautelares necesarias para proteger a la infancia, incluyendo la posibilidad de interrumpir los servicios digitales de la empresa en España.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han enfatizado que la seguridad de los menores no debe quedar subordinada a intereses comerciales ni a sistemas de autorregulación. Esta iniciativa establece un precedente en la Unión Europea en cuanto a la responsabilidad directa de las plataformas en la configuración de sus algoritmos y en la prevención de delitos graves en el ámbito digital.
