El Ministerio de Asuntos Exteriores aumenta la cifra de desaparecidos mientras el recuento oficial en Venezuela alcanza los 235 fallecidos y España envía urgentemente un avión con personal de la UME y Ericam
El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó este jueves por la noche que dos ciudadanos españoles han perdido la vida a causa de los terremotos que afectaron a Venezuela. Además, ha actualizado a 80 el número de españoles que actualmente están desaparecidos en el país, superando la cifra inicial de 68 mencionada por el ministro José Manuel Albares. Según el último informe oficial de las autoridades venezolanas, las víctimas ascienden a 235 fallecidos y 4.300 heridos. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que existe aproximadamente un 40% de probabilidad de que los sismos hayan causado entre 10.000 y 100.000 muertes en total.
La situación en las zonas afectadas es crítica. Más de un día después de los temblores, residentes, Protección Civil y fuerzas policiales trabajan sin pausa para hallar sobrevivientes entre los escombros. Estas tareas se realizan sin el apoyo de maquinaria pesada y se extienden durante la noche, con la colaboración de numerosos voluntarios en Caracas y en el estado de La Guaira, la región más impactada. La carencia de recursos básicos ha sido evidente en los testimonios de quienes participan en las labores de rescate, quienes solicitan suministros elementales: «Hay personas vivas, necesitamos baldes para retirar los escombros. Hay gente viva».
Ante esta situación, el Gobierno venezolano ha pedido ayuda internacional para rescatar a los ciudadanos atrapados. Diversos países han confirmado el envío de asistencia y equipos de rescate. España envió un avión militar el jueves hacia la zona afectada. Argentina aportó rescatistas, médicos, aviones y otros recursos, mientras que México también ha enviado ayuda humanitaria y personal especializado en salvamento.
El Ministerio de Defensa de España informó esta madrugada que el avión del Ejército del Aire, destinado a brindar asistencia tras los terremotos, ya está en vuelo hacia Venezuela. La nave despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz con 59 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho perros de búsqueda y 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), incluidos bomberos y personal sanitario del Summa112. El avión tiene previsto aterrizar en Valencia debido a la imposibilidad de operar en Caracas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los sismos y calificó al estado de La Guaira, ubicado al norte de Caracas, como una «zona de desastre». La mandataria informó sobre derrumbes en varios edificios de Caracas y mencionó los fuertes daños en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Asimismo, indicó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital, fue cerrado por daños graves en su infraestructura, sin especificar detalles. Este cierre obligó al avión militar español a cambiar su destino a Valencia.
El gobierno venezolano ha estimado que al menos 346 edificaciones han resultado afectadas, dejando a 2.927 familias damnificadas. En materia sanitaria, el ministro Carlos Alvarado informó por el canal estatal Venezolana de Televisión que hasta las siete de la noche se habían atendido más de 4.300 heridos en el sistema público de salud. Respecto al número de fallecidos, precisó que 235 pacientes llegaron sin signos vitales o fallecieron al ingresar en los centros de salud.
Por su parte, Estados Unidos ha adoptado medidas económicas para facilitar la ayuda. El Gobierno estadounidense ha autorizado temporalmente ciertas transacciones con Venezuela antes prohibidas por las sanciones vigentes, siempre que estén relacionadas exclusivamente con las labores de socorro tras los terremotos. Esta medida estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y no implica el levantamiento general de sanciones ni el desbloqueo de activos. Adicionalmente, Washington anunció una ayuda de 150 millones de dólares, destinando 100 millones a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y 50 millones para operaciones de asistencia directa en el terreno.
