El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado un nuevo esfuerzo para reducir el acceso a la ciudadanía automática por nacimiento, enfocándose en el fenómeno conocido como “turismo de maternidad” y en ciertos escenarios relacionados con la situación migratoria de los padres.
Esta orden ejecutiva surge tras un primer intento de la administración republicana para limitar este derecho constitucional, que ya enfrentó diversas demandas y bloqueos en los tribunales.
La iniciativa busca restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en suelo estadounidense, una interpretación que probablemente será nuevamente cuestionada jurídicamente.
Trump ajusta su enfoque tras los previos obstáculos judiciales
El mandatario republicano firmó el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el comienzo de su segundo mandato, una orden dirigida a limitar la ciudadanía para ciertos hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en Estados Unidos.
Dicha medida fue impugnada de inmediato por varios estados y grupos que defienden los derechos civiles.
La controversia central radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece que quienes nazcan en el país y estén bajo su jurisdicción obtienen la ciudadanía.
Los opositores a las políticas de Trump argumentan que un presidente no está facultado para modificar mediante una orden ejecutiva un derecho de carácter constitucional.
El turismo de maternidad, eje fundamental de la nueva directiva
La actual estrategia de la Casa Blanca se concentra principalmente en el “turismo de maternidad”, término que designa los viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de dar a luz.
La Administración busca excluir la ciudadanía automática en determinadas circunstancias cuando la madre no se encuentre legalmente en el territorio estadounidense y el padre no sea ciudadano ni residente permanente.
Desde la Casa Blanca se argumenta que, en ciertos casos, un recién nacido no estaría completamente “bajo la jurisdicción” estadounidense, punto que genera debate constitucional.
La orden incluye otras posibles exclusiones
El documento también hace referencia a otros escenarios que el Gobierno considera que no deberían implicar el reconocimiento automático de la ciudadanía.
Entre ellos se encuentran casos vinculados a miembros de gobiernos extranjeros, individuos catalogados como terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios con un estatus legal particular.
Estas exenciones deberán ser evaluadas por los tribunales para determinar hasta qué punto puede intervenir el Ejecutivo en un ámbito con protección constitucional.
Actualmente, cómo funciona la ciudadanía por nacimiento
Generalmente, quienes nacen en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía independientemente de la condición migratoria de sus padres.
Esta regla se ha mantenido por más de un siglo, basada en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, promulgada en 1868 tras la Guerra Civil.
No obstante, Trump sostiene que esta norma ha sido interpretada en exceso y que originalmente buscaba principalmente asegurar la ciudadanía para personas previamente esclavizadas y sus descendientes.
La ACLU anuncia un nuevo desafío legal
Grupos defensores de los derechos de inmigrantes ya anticipan nuevas acciones legales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) defiende que la ciudadanía por nacimiento está garantizada en la Constitución y considera que ninguna orden ejecutiva puede cambiar su alcance.
La organización ha asegurado que impugnará cualquiera que intente limitar este derecho mediante medidas administrativas del Ejecutivo.
Por tanto, esta orden está lejos de ser definitiva y probablemente atravesará diversas instancias judiciales.
La inmigración continúa siendo una prioridad en la agenda de Trump
Esta medida se suma a la política migratoria que Trump ha desarrollado desde su regreso a la Presidencia en enero de 2025.
Su Gobierno ha incrementado el control en las fronteras, aumentado las deportaciones, limitado ciertos programas para la entrada legal y fortalecido las restricciones relacionadas con el asilo.
La ciudadanía por nacimiento se convierte ahora en otro de los principales focos legales en esa estrategia.
El resultado dependerá de las decisiones judiciales y, en última instancia, de cómo interpreten los tribunales el alcance de la Decimocuarta Enmienda y los límites del poder presidencial.
