Michaux Miranda declara ante el Tribunal Supremo que la expresidenta de Adif fue quien decidió adjudicar 12,5 millones de euros a la empresa vinculada a Víctor de Aldama.
En el marco del caso Koldo, se ha presentado un nuevo testimonio relevante en la Justicia. Michaux Miranda, exdirector general de gestión de personas de Adif, ha apuntado directamente a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de la entidad, como la máxima responsable en la compra de cinco millones de mascarillas a la compañía Soluciones de Gestión. En su declaración ante el Supremo, Miranda explicó que, aunque él fue quien propuso a la empresa ligada a la trama, la decisión definitiva correspondió a Pardo de Vera en calidad de «órgano de contratación».
El contrato, con un valor de 12,5 millones de euros, se firmó el 27 de marzo de 2020. Esta adjudicación tuvo lugar apenas una semana después de que Puertos del Estado concediera un contrato de 24,2 millones a la misma firma. Ambas operaciones se ampararon en órdenes ministeriales del Ministerio de Transportes, firmadas por el entonces titular José Luis Ábalos.
El informe de solvencia señalaba un «alto riesgo de impago»
Durante la comparecencia, se revelaron detalles sobre la selección del proveedor. Miranda relató que a comienzos de marzo de 2020, Adif buscaba con urgencia mascarillas, pero sin éxito. Al enterarse del acuerdo de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión, consideró «lógico» contactar con esa empresa a través de Íñigo Rotaeche, supuesto testaferro de Víctor de Aldama.
No obstante, la elección de esta compañía se realizó pese a advertencias técnicas. Un informe del director general financiero de Adif evaluó la oferta de Soluciones de Gestión frente a la de otra empresa, Injoo Technology. El análisis determinó que la empresa vinculada presentaba una solvencia de solo un «tres sobre diez» y un «alto riesgo de impago», mientras que la competencia mostraba un riesgo medio. Miranda defendió su propuesta a Pardo de Vera señalando que «no existía riesgo financiero» dado que no se adelantó el pago y los pedidos coincidían con la llegada de los suministros de Puertos del Estado.
Negación de comisiones y ausencia de presiones políticas
A pesar de señalar la jerarquía en la toma de decisiones, Michaux Miranda –quien está investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional– negó haber recibido instrucciones de Koldo García o José Luis Ábalos para formalizar el contrato. También rechazó rotundamente haber cobrado comisiones y aseguró que la empresa cumplió los plazos previstos, a pesar de un «retraso inicial» vinculado a las circunstancias de la pandemia.
En la sesión celebrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo también testificaron el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y una empleada que colaboraron en la revisión de estos contratos en un informe elaborado en 2024. Este miércoles será el turno de Isabel Pardo de Vera, quien comparecerá como testigo ante el tribunal.
