El Consejo de Ministros ha puesto en marcha el procedimiento destinado a extranjeros que hayan llegado antes del 1 de enero de 2026. El Ministerio de Justicia se encargará diplomáticamente de verificar el certificado de antecedentes penales tras las indicaciones del Consejo de Estado.
Este martes, en la sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno de España aprobó el real decreto que establece una regularización extraordinaria para inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. La norma, cuyos efectos serán inmediatos tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, facilitará que entre 500.000 y un millón de personas accedan a un permiso de residencia y trabajo con vigencia inicial de un año.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó la importancia de este proceso para garantizar derechos y deberes a los ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española. Según las cifras de su ministerio, el 65% de los solicitantes ya están empleados en España, aunque sin cobertura legal.
Calendario y lugares para iniciar los trámites
A pesar de que la publicación oficial en el BOE se espera este miércoles, el Ejecutivo ha organizado un plan operativo dividido en dos fases:
- Jueves, 16 de abril: Apertura del sistema telemático mediante el portal oficial, accesible 24 horas al día.
- Lunes, 20 de abril: Inicio de la atención presencial, exclusivamente con cita previa, en las ventanillas designadas.
Para gestionar el gran volumen de solicitudes previsto, el Gobierno aumentará el personal con más de 550 nuevos empleados. El proceso se llevará a cabo en 60 oficinas de la Seguridad Social, 371 de Correos y cinco de Extranjería. El plazo para presentar la solicitud termina el 30 de junio.
El certificado de antecedentes penales: supervisión del Ministerio de Justicia
Un tema especialmente debatido y modificado hasta último momento es la comprobación de la ausencia de antecedentes penales. Ante las dudas expresadas por el Consejo de Estado sobre la validez de una simple declaración jurada, el Gobierno ha establecido controles más estrictos.
Si el solicitante no presenta el certificado emitido por su país en el plazo de un mes, podrá aportar una declaración responsable que acredite que ha realizado gestiones para conseguirlo. En este punto, el Ministerio de Justicia intervendrá para solicitar el documento mediante canales diplomáticos. Si después de tres meses no se recibe respuesta, la solicitud será rechazada tras un aviso final de 15 días.
Condiciones y documentos necesarios para la regularización
El decreto fija como requisito principal haber arribado a España anterior al 1 de enero de 2026 y demostrar una residencia continua de al menos cinco meses al momento de aplicar. Además, los aspirantes deben cumplir uno de estos tres criterios: haber desempeñado un trabajo contratado, formar parte de una unidad familiar con menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad certificada por una entidad social.
Entre los documentos requeridos se incluyen copia completa del pasaporte, incluso si está caducado, y pruebas de residencia efectiva como padrón municipal, contratos de arrendamiento, comprobantes de remesas o informes médicos. El proceso excluye expresamente a los apátridas, afectando sobre todo a la población saharaui, al considerar el Gobierno que su trámite debe realizarse por vías administrativas distintas para evitar duplicidades legales.
Una vez emitida la resolución favorable, que se notificará entre 15 días y tres meses, el beneficiario contará con un mes para gestionar su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y su afiliación a la Seguridad Social.
