MADRID.— Este miércoles a primera hora, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede principal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situada en la calle Ferraz de Madrid. La intervención, impulsada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, busca obtener pruebas documentales e informáticas relacionadas con una supuesta estructura de financiación irregular y una contabilidad paralela diseñada para evitar la supervisión del Tribunal de Cuentas.
Fuentes próximas a la investigación señalaron que el registro se realiza bajo la orden del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. Esta operación es una extensión directa y confidencial del llamado ‘caso Leire’, que investiga supuestas irregularidades y manipulaciones en la adjudicación de fondos y rescates públicos gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En estos momentos, los investigadores concentran su trabajo en las áreas financieras de la sede nacional. Especialistas en delitos económicos de la UCO están realizando intervenciones en los sistemas internos en colaboración con el responsable informático del partido. La diligencia tiene como finalidad el volcado de correos electrónicos, servidores internos y registros contables que permitan contrastar la documentación bancaria recolectada durante varios meses de investigación. La Fiscalía sospecha de pagos en efectivo sistemáticos y desviación de fondos que habrían sido utilizados para cubrir gastos personales de dirigentes y financiar campañas electorales recientes.
Registros coordinados en toda España
El operativo policial no se limita a la sede madrileña de los socialistas. El juzgado ha dispuesto registros simultáneos en diversas propiedades privadas y despachos profesionales relacionados con altos cargos del partido en diferentes puntos de la península. Según fuentes judiciales, los presuntos movimientos financieros opacos asociados a esta trama se habrían desarrollado de manera continua desde 2017 hasta 2024, implicando a figuras destacadas de la cúpula orgánica del partido.
Esta medida judicial coincide con un momento políticamente sensible para el Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez se encuentra actualmente en el Vaticano, donde sostuvo una audiencia oficial con el Papa León XIV y tiene prevista una rueda de prensa en Roma. La operación policial en Madrid ha tenido un impacto inmediato en las instituciones de la capital.
Repercusiones políticas en el Congreso
La noticia del registro se conoció justo al inicio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, tomando por sorpresa tanto a integrantes del gabinete como a los grupos parlamentarios. La oposición ha reaccionado de manera unánime y contundente, denunciando lo que consideran una situación de “degradación institucional insostenible”.
Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo calificó la situación como de “extrema gravedad” e instó al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones generales de inmediato. La portavoz popular, Ester Muñoz, criticó la actitud pasiva de los socios parlamentarios de la coalición frente a la sucesión de acontecimientos judiciales, preguntando: “¿No les avergüenza tolerar tanta corrupción con tal de que el Partido Popular no acceda al poder?”. Mientras avanza la jornada, la UCO continúa con las actuaciones en la sede de Ferraz, en una jornada que podría suponer un punto de inflexión en la legislatura vigente.
