MADRID / ROMA – La Iglesia católica en España continúa resguardada tras un fuerte muro de silencio frente al problema de los abusos sexuales a menores. Una investigación detallada de EL PAÍS, que durante ocho años ha recopilado testimonios desde 2018, revela el papel directo de la cúpula eclesiástica: un total de 94 altos cargos, entre ellos 61 obispos y siete cardenales, han sido acusados de proteger sistemáticamente a pederastas en sus diócesis y órdenes a lo largo de varias décadas.
Los datos reúnen evidencias claras de que la jerarquía católica mantiene intactas las prácticas de opacidad y resistencia ante los escándalos. En un intento reciente por contrastar y evaluar la respuesta interna ante las denuncias, EL PAÍS contactó con 211 entidades —dioceses y congregaciones religiosas— formulando preguntas específicas sobre el manejo de las denuncias. La respuesta fue concluyente: solo tres aceptaron responder por completo, lo que confirma que el hermetismo institucional se mantiene e incluso se ha agravado.
Bajo la sombra de la visita del Papa
Este informe sobre la impunidad surge en un contexto de alta sensibilidad dentro de la Iglesia, coincidiendo con la próxima visita oficial del papa León XIV a España. La publicación de la lista de implicados influye en la organización del viaje pontificio, ya que entre los presuntos encubridores destaca el actual cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien será uno de los principales anfitriones durante la estancia del Santo Padre en territorio español.
Aunque el papa León XIV conserva un considerable respaldo popular en España por sus posturas sociales y geopolíticas, como su firme oposición a los conflictos armados, la gestión local de la Iglesia enfrenta una crítica notable. Según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, más de la mitad de los españoles considera que la Iglesia sigue encubriendo casos de abusos sexuales, y solo un escaso 8% piensa que los obispos han actuado con transparencia suficiente en la gestión de esta crisis.
El goteo constante de un archivo histórico
A lo largo de estos ocho años, las investigaciones derivadas de un buzón de denuncias habilitado para víctimas han reunido cifras alarmantes: más de 3.000 víctimas y al menos 1.613 acusados en España. En abril pasado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconoció públicamente por primera vez que identifica cerca de un millar de clérigos señalados por abusos, aunque las asociaciones de víctimas denuncian que las medidas de reparación son insuficientes y lentas.
El reclamo de las víctimas continúa. Mientras la cúpula eclesiástica se prepara para la recepción del Pontífice con una aparente normalidad institucional, las víctimas demandan el fin del secreto sobre los archivos diocesanos y que el papa León XIV repruebe con contundencia la conducta de los 68 prelados implicados en el encubrimiento de estos delitos. «Espero que el Papa reprenda públicamente a los obispos», expresaba una de las víctimas recogidas en la investigación, reflejando el sentir de un colectivo que sigue enfrentando el prolongado silencio de la mayoría de los obispados españoles.
