La academia PROCEUTA FORMACIÓN S.L. ha llevado ante el Juzgado de Instrucción de Ceuta una querella extraordinariamente grave contra dos de los principales responsables de la gestión educativa en la ciudad autónoma: Miguel Señor Alonso, Director Provincial del Ministerio de Educación, y una asesora técnico docente de la Unidad de Programas y Estudios. En su escrito, la empresa les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa, así como actuaciones dolosas que habrían buscado de forma sistemática paralizar su actividad, destruir su reputación y vulnerar los derechos de decenas de alumnos, muchos de ellos en proceso de regularización por “Arraigo para la Formación”.
Retraso, requerimientos contradictorios y trabajo sin competencias
Desde noviembre de 2021 PROCEUTA inició el proceso para acreditar su centro y solicitar las autorizaciones de inicio de los certificados SEAD0112 (Vigilancia y Seguridad Privada) y SSCM0108 (Limpieza de Superficies). A pesar de cumplir escrupulosamente con todos los requisitos formales, la Dirección Provincial dilató los trámites al máximo (hasta seis meses en varios requerimientos), impuso subsanaciones contradictorias y exigió normativas derogadas que carecían de validez legal. Más grave aún: se imitaron inspecciones y requisitorias de documentos propias de cuerpos con competencias sancionadoras, cuando la asesora técnico docente carecía de autoridad para ello
El silencio administrativo positivo y su desprecio
Para defender su derecho al inicio de los cursos y evitar un colapso total, PROCEUTA invocó el silencio administrativo positivo, figura contemplada en el artículo 48.5.1 del Real Decreto 659/2023, por la cual la falta de respuesta en el plazo máximo implica la concesión tácita de la autorización . Sin embargo, la Dirección Provincial ignoró esta previsión legal, imposibilitando a la academia el uso efectivo de un derecho reconocido por el propio reglamento que regula la Formación Profesional. Sólo tras la implantación de la nueva plataforma digital, que envía directamente la documentación a Madrid, se demostró que la misma información bloqueada en Ceuta era considerada suficiente por la Secretaría General de FP
Daños irreparables a alumnos y a la actividad empresarial
El golpe más devastador llegó cuando la Administración local remitió a la Oficina de Extranjería informes incompletos y deliberadamente engañosos, omitiendo que los cursos estaban autorizados. Como resultado, decenas de alumnos extranjeros —que habían pagado matrícula, asistido a clases y superado módulos— vieron extinguirse sus permisos de residencia, truncando sus planes de integración y sometiéndolos a duras situaciones personales. La academia se vio asediada por reclamaciones masivas, amenazas de demandas por presunta estafa y una oleada de críticas en redes sociales que destruyeron su imagen en cuestión de días
