Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), ha solicitado este lunes la renuncia inmediata del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como del presidente de Adif, Luis Pedro Marco. Samper sostiene que ambos deben asumir responsabilidades políticas y administrativas tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que dejó un saldo de 46 fallecidos.
En su intervención ante la Comisión de Investigación del Senado para evaluar el estado de la red ferroviaria española, el representante de las víctimas denunció con contundencia las negligencias graves en el mantenimiento que contribuyeron al accidente.
Una «ruleta rusa» durante 22 horas debido a un raíl dañado
Samper declaró con dureza que hay pruebas claras de que el carril estaba dañado desde 22 horas antes del siniestro, sin que nadie, ni los sistemas de control ni el personal encargado, lo detectara.
“Durante ese periodo, pasaron 25 trenes sin control alguno. Tres de ellos mostraron señales evidentes de que la vía estaba dañada y ni se inspeccionó ni se detectó, lo que refleja la falta de atención al respecto en nuestro país”, lamentó Samper.
En cuanto al presidente de Adif, Luis Pedro Marco —a quien Samper reconoció como el único funcionario público que les ha pedido disculpas hasta ahora—, el portavoz rechazó que siga en el cargo a la espera de una sentencia judicial. “No requiere un fallo judicial cuando él es la máxima autoridad responsable de la infraestructura y han fallecido 46 personas”, afirmó.
Rechazo ante la respuesta del ministro Óscar Puente
La asociación manifestó su completa sorpresa ante la respuesta del ministro Óscar Puente cuando se le preguntó sobre su posible dimisión, quien respondió que él “no había soldado el raíl”.
Para Samper, esta reacción no es admisible:
- Responsabilidad compartida: «Si bien él no soldó el carril, quien designa a la persona responsable principal de esa infraestructura también debe asumir claramente su parte de responsabilidad».
- Crítica al sistema de seguridad ferroviaria español: En contraste con el discurso oficial que presenta la red ferroviaria como infalible, Samper declaró que “el tren en España no es seguro”. Citó como ejemplo el modelo japonés, con una trayectoria de 50 años en alta velocidad sin accidentes mortales, indicando que “ese debe ser nuestro referente”.
Más de 300 personas afectadas y dificultades administrativas
El presidente de AVDA elevó el número total de afectados a 352 personas (el total de pasajeros menos los fallecidos), debido al profundo impacto psicológico que sufren los supervivientes.
Consecuencias socioeconómicas en las familias:
- Reducción de ingresos: Muchas víctimas son autónomos o trabajadores cuyos ingresos se han visto comprometidos, al igual que familias que han perdido la fuente económica de los fallecidos.
- Dificultades burocráticas: La asociación demanda un proceso indemnizatorio más rápido para evitar que el sufrimiento de los afectados se prolongue en trámites administrativos.
Finalmente, Samper denunció la falta de apoyo institucional, señalando que la Oficina de Atención a las Víctimas (creada tras el accidente de Angrois en 2013) no ha tenido presencia en esta tragedia. Al ser consultado sobre este organismo, el ministro Puente solo respondió con gestos sin proporcionar ninguna solución concreta a los afectados.
