MADRID – La Audiencia Nacional ha emitido una resolución judicial en contra del excomisario José Manuel Villarejo, imponiéndole una pena de tres años y medio de cárcel por el uso y la difusión indebida de los datos obtenidos del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido Podemos. El tribunal lo halló culpable de un delito de revelación de secretos, agravado debido a su condición de funcionario público en el momento en que ocurrieron los hechos.
Trayectoria de los datos sustraídos
La sentencia establece que la tarjeta de memoria del móvil sustraído a Bousselham en 2015 fue entregada a Villarejo por un periodista del Grupo Zeta en febrero de 2016. En lugar de emplearla en una investigación oficial, el excomisario guardó dicha tarjeta y distribuyó su contenido a otros medios con fines políticos evidentes.
- Objetivo ilícito: Conforme a los jueces, Villarejo transmitió la información a El Confidencial y OkDiario para crear reportajes diseñados para el «daño a la imagen del partido político Podemos» y de su entonces secretario general, Pablo Iglesias.
- Uso indebido de su cargo: El tribunal resalta que Villarejo empleó su posición como policía y sus «funciones de inteligencia» para acceder a datos privados sin la existencia de una investigación judicial que lo autorizara.
Daño moral y compensaciones económicas
La publicación de fotografías íntimas, datos bancarios y conversaciones privadas de Telegram representó, según el fallo, un «daño moral derivado de la humillación» al revelar detalles altamente personales de los afectados.
| Persona afectada | Compensación establecida | Razón |
| Dina Bousselham | 5.000 € | Revelación de vida privada y fotografías personales. |
| Pablo Iglesias | 1.000 € | Difusión de información bancaria y chats privados. |
El Estado ha sido declarado responsable civil subsidiario, lo que asegura el pago de estas indemnizaciones en caso de que el condenado no pueda hacer frente a ellas.
Periodistas eximidos tras recibir perdón
Un aspecto destacado en la causa es la exclusión de condena para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles (exdirectivos de Interviú). Aunque fueron quienes facilitaron la copia a Villarejo, quedaron fuera del proceso tras recibir ambos el perdón por parte de las víctimas, concretamente de Bousselham e Iglesias.
Intervención de Pablo Iglesias
El fallo también despeja una controversia: confirma que el Grupo Zeta entregó la tarjeta original a Pablo Iglesias, quien la mantuvo durante seis meses antes de devolverla a su asesora. No obstante, los magistrados concluyen que no existen pruebas que indiquen daño intencionado por parte de Iglesias, centrando la responsabilidad exclusivamente en la difusión organizada por Villarejo.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional sanciona nuevamente las «acciones desviadas» del comisario jubilado, que utilizó su puesto oficial como carta de presentación para sus operaciones en las áreas menos transparentes del Estado.
