La crisis migratoria corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo que relegue a un segundo plano las denuncias y cuestiones pendientes de explicar al Gobierno de la Ciudad.
Artículo de opinión | Teleceuta.com
Hay una pregunta que cada vez resulta más difícil evitar: ¿está Juan Vivas actuando exclusivamente al servicio de los intereses de Ceuta o también al servicio de los intereses del PP nacional y de sus propios intereses políticos?
Durante esta crisis hemos asistido a un endurecimiento de sus posiciones y a un creciente enfrentamiento con el Gobierno central. Se ha publicado que ese viraje coincide con la estrategia nacional del PP para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Vivas, por su parte, responsabiliza al Gobierno central de buena parte de la situación.
Y hay contradicciones concretas. Se ha conocido que Vivas respaldó inicialmente determinadas soluciones de colaboración institucional, como la utilización de espacios portuarios para la acogida, para posteriormente pasar a rechazarlas.
Al mismo tiempo, la fractura del PSOE ceutí ha colocado a Melchor León y Sebastián Guerrero en posiciones que, en determinados asuntos, coinciden con las reclamaciones del Gobierno de Vivas. No hay pruebas de que Vivas haya provocado esa fractura ni de que controle esos apoyos. Pero una oposición dividida resulta políticamente favorable a cualquier Gobierno.
Y mientras toda la atención se dirige hacia Madrid, ¿qué ocurre con los asuntos incómodos para el propio Ejecutivo de la Ciudad?
En julio, el PSOE denunció supuestas irregularidades en más de 40 contratos del área de Festejos, señaló políticamente al asesor Eduardo Ayala y anunció que llevaría la documentación a Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Ayala y el Gobierno de la Ciudad rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de los expedientes.
Posteriormente llegó otro frente: las contrataciones de emergencia para la acogida de menores. Una de ellas, por 3.267.698,08 euros, fue adjudicada a Absercon. Según las informaciones publicadas, su administrador único es Bartolomé Sánchez-París Contreras, hermano de Javier Sánchez-París Contreras, asesor de Presidencia de la Ciudad.
El parentesco, por sí mismo, no demuestra ninguna irregularidad. Pero cuando hablamos de millones de euros de dinero público y de personas próximas al entorno institucional, la transparencia no puede ser opcional.
Y aquí aparece la duda más incómoda: ¿puede existir alguna relación entre este brusco cambio hacia la confrontación con el Gobierno central y las denuncias que comenzaban a acumularse sobre la gestión del Ejecutivo ceutí? ¿Ha resultado políticamente conveniente desplazar el foco desde Ceuta hacia Madrid?
No existen pruebas que permitan establecer esa relación causal. Por tanto, no debe afirmarse. Pero sí cabe preguntar por qué ha cambiado de manera tan notable la estrategia institucional de Vivas y exigir que las explicaciones pendientes no desaparezcan bajo el ruido de la crisis.
Quizá no exista relación alguna. Precisamente por eso hace falta transparencia.
Denunciar no equivale a demostrar. Pero una denuncia tampoco desaparece porque llegue una crisis mayor.
Una crisis no suspende el control democrático. Al contrario: cuando aumentan los contratos de emergencia, las decisiones excepcionales y el dinero público comprometido, la transparencia debería aumentar también.
Vivas no es únicamente un dirigente del Partido Popular. Es el presidente de todos los ceutíes.
Que se expliquen los contratos. Que se expliquen los nombramientos. Que se explique qué sucede en los consejos de administración. Y que se investigue aquello que deba investigarse.
La crisis puede ser una emergencia para Ceuta, pero no puede convertirse en una zona de sombra para el poder.
Porque defender a Ceuta también significa vigilar a quienes gobiernan Ceuta.
