CEAR, Oxfam e Irídia, entre otras organizaciones, advierten que la normativa establece un «régimen excepcional» con efecto retroactivo que compromete el principio de no devolución y la protección judicial de los migrantes.
MADRID / CEUTA — Un grupo de doce ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos y la asistencia a migrantes ha solicitado este martes al Gobierno español que retire de manera inmediata el proyecto de real decreto ley que busca acelerar las devoluciones y expulsiones en Ceuta. En un comunicado conjunto, las entidades alertan sobre las negativas repercusiones que esta norma tendría para el derecho de asilo y la protección internacional en la frontera sur.
El comunicado —firmado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras— critica que el texto que propone el Ejecutivo establece, en la práctica, un «régimen excepcional en función del lugar y el momento». Además, señalan que plantea aplicarse con carácter retroactivo a todas las personas que hayan presentado su solicitud de protección desde el 30 de julio de 2026, fecha en la que comenzó un aumento en la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Preocupaciones sobre el principio de no devolución y obstáculos para el asilo
La mayor inquietud manifestada por los colectivos está relacionada con la posible vulneración del principio de non-refoulement (no devolución), respaldado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las organizaciones alertan de que el texto incluye situaciones en las que la presentación de la solicitud de asilo no detendría la expulsión ni garantizaría la permanencia en territorio español durante la tramitación del expediente, exponiendo a los solicitantes al retorno a países donde su vida o integridad puedan estar en riesgo.
Además, las ONG critican las estrictas limitaciones temporales que establece el borrador para pedir protección internacional. Específicamente, el decreto contempla rechazos automáticos a las solicitudes presentadas después de siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Este plazo es considerado inviable debido a la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada para los recién llegados y los retrasos detectados en los controles policiales y sanitarios.
Disminución de garantías en la tutela judicial efectiva
Otro punto relevante del manifiesto es la considerable reducción de las garantías procesales. La norma establece un plazo de solo cinco días naturales para presentar recurso contra resoluciones negativas, un tiempo inferior al estipulado por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según las organizaciones firmantes, este periodo de cinco días no permite una defensa jurídica efectiva mediante la asistencia legal gratuita, dificultando que los abogados de oficio analicen el expediente, se reúnan adecuadamente con los afectados y dispongan de servicios de interpretación necesarios. Por ello, solicitan al Ejecutivo que reconsidere la medida y ajuste el marco normativo europeo sin afectar las garantías constitucionales e internacionales en la frontera ceutí.
