El Ejecutivo central asegura que las menores podrían salir ya hacia recursos de la Península, mientras el Gobierno de la Ciudad mantiene sus exigencias antes de autorizar el traslado
La crisis de los menores migrantes vuelve a situar a Juan Vivas y al Partido Popular de Ceuta ante una decisión especialmente delicada.
El Gobierno central sostiene que existen 500 plazas en la Península para trasladar a niñas migrantes consideradas especialmente vulnerables.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegura que el procedimiento podría ponerse en marcha prácticamente de inmediato.
Sin embargo, el Gobierno de Ceuta mantiene su posición y reclama garantías sobre las plazas disponibles, los recursos de acogida y el procedimiento que se pretende aplicar.
El enfrentamiento político coloca ahora a Vivas en el centro de una cuestión que afecta directamente a la ciudad.
El Gobierno asegura que las 500 niñas pueden salir de Ceuta
Sira Rego ha defendido públicamente que el traslado de las menores es una medida urgente para aliviar la presión que soporta Ceuta.
La ministra sostiene que su departamento ha puesto a disposición 500 plazas en diferentes puntos de la Península.
El objetivo sería trasladar a niñas consideradas especialmente vulnerables a recursos especializados de pequeño tamaño.
Según Rego, únicamente estaría pendiente el consentimiento de la Ciudad Autónoma para activar esta vía.
El Gobierno central considera que la salida de estas menores permitiría reducir la presión sobre el sistema de protección ceutí.
Además, defiende que permitiría garantizar una atención más adecuada mientras continúan los procedimientos de cada menor.
Vivas reclama garantías antes de dar el visto bueno
La posición del Gobierno de Ceuta es diferente.
El Ejecutivo de Vivas ha cuestionado que exista suficiente información concreta sobre los recursos que recibirían a las menores.
La Ciudad reclama conocer las plazas disponibles, las condiciones de acogida y la coordinación necesaria entre las administraciones implicadas.
Vivas ha defendido que cualquier decisión debe contar con garantías jurídicas y administrativas.
El presidente ceutí también ha insistido en que la situación de los menores debe abordarse teniendo en cuenta la reunificación familiar cuando esta sea posible y segura.
Por tanto, el enfrentamiento no se limita a una cuestión política.
Existe también una discrepancia sobre cómo debe ejecutarse el traslado y quién debe asumir las distintas responsabilidades.
El PP nacional respalda la posición de Vivas
La posición del Gobierno de Ceuta cuenta con el respaldo de la dirección nacional del Partido Popular.
El PP reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez una política migratoria que incluya el control de las fronteras y el retorno o la reunificación familiar de los menores cuando legalmente proceda.
La formación también cuestiona que se planteen traslados sin que, a su juicio, estén suficientemente concretados los recursos disponibles.
De esta manera, Vivas no está actuando de forma aislada dentro del PP.
Su posición coincide con el discurso que el partido está manteniendo a nivel nacional sobre la gestión de la crisis migratoria.
Pero Ceuta soporta una presión extraordinaria
El problema es que la situación en Ceuta continúa siendo excepcional.
La entrada masiva registrada a finales de julio provocó un crecimiento sin precedentes del número de menores que necesitan protección.
La ministra Sira Rego ha situado en 1.478 los menores que permanecen en el sistema de protección de Ceuta.
Entre ellos hay alrededor de 760 niñas, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio.
La presión sobre los recursos de la ciudad es, por tanto, enorme.
Precisamente por eso, el Gobierno central considera que el traslado de 500 niñas puede ser una solución inmediata para aliviar la situación.
La decisión de Vivas tiene ahora un doble componente
El presidente de Ceuta se encuentra ante una situación políticamente compleja.
Por un lado, el Gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de defender los intereses de Ceuta y exigir garantías antes de aceptar cualquier procedimiento.
Por otro, la ciudad necesita urgentemente reducir la presión sobre sus recursos de protección.
La salida de 500 niñas supondría una reducción considerable de la población menor acogida en Ceuta.
Sin embargo, aceptar la fórmula propuesta por el Gobierno podría interpretarse políticamente como un respaldo a una estrategia que el PP cuestiona a nivel nacional.
Ahí aparece el dilema.
¿Debe Vivas mantener el bloqueo hasta obtener todas las garantías que reclama o facilitar una salida inmediata de las menores para aliviar la situación de Ceuta?
El interés de Ceuta queda en el centro
La cuestión trasciende ya el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
También afecta directamente a la gestión diaria de Ceuta.
La ciudad necesita espacio, recursos y capacidad para atender a los menores que permanecen bajo su protección.
Al mismo tiempo, Vivas sostiene que no puede aceptar cualquier solución sin conocer previamente sus condiciones.
El Gobierno central, por su parte, insiste en que las 500 plazas están disponibles y que las menores podrían comenzar a salir de Ceuta.
La discusión se encuentra, por tanto, en un punto decisivo.
Mientras Gobierno y PP intercambian responsabilidades, las 500 niñas continúan en Ceuta a la espera de que se desbloquee una decisión que podría aliviar de forma inmediata la presión sobre la ciudad.
Y el siguiente movimiento corresponde, en buena medida, al Gobierno de Juan Vivas.
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