La situación que atraviesa ACEMSA comienza a generar más preguntas que respuestas. Lo que hasta hace poco parecía una gestión sólida por parte de quien es considerado uno de los gerentes más poderosos de la administración local, empieza a mostrar grietas en varios frentes abiertos de forma simultánea.
Uno de los casos más evidentes es el de Servilimpce. Las quejas sobre el funcionamiento de la empresa municipal se acumulan. Una parte importante de la flota de vehículos presenta problemas operativos, los enfrentamientos entre responsables y trabajadores son cada vez más frecuentes y el clima laboral dista mucho de ser el más adecuado para garantizar un servicio eficiente.
A ello se suma la reciente oferta de empleo publicada por la empresa, una decisión que ha despertado interrogantes entre quienes recuerdan que anteriores equipos directivos lograban cubrir las necesidades del servicio con prácticamente la misma plantilla actual. De hecho, muchos trabajadores sostienen que la ciudad presentaba entonces mejores niveles de limpieza que los que se perciben hoy.
Pero los problemas no terminan ahí. La incorporación de las Brigadas Verdes a ACEMSA, una medida que desde el Gobierno local se daba prácticamente por cerrada, se está encontrando con importantes obstáculos. El Comité de Empresa no respalda la operación y existen movimientos encaminados a frenar o dificultar su integración. Una circunstancia que amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto político, laboral y administrativo para el Ejecutivo local.
A todo ello hay que añadir las denuncias realizadas por los grupos de la oposición respecto a diversos reconocimientos extrajudiciales de deuda. Una cuestión que no resulta novedosa en la gestión municipal, pero que vuelve a situar el foco sobre determinados procedimientos administrativos.
Según sostienen algunas voces críticas, cuando determinados técnicos emiten informes desfavorables sobre certificaciones o expedientes, la solución acaba llegando a través de acuerdos en sede judicial que permiten desbloquear los pagos. Un mecanismo legal, sí, pero que alimenta la sensación de que determinados controles administrativos terminan perdiendo eficacia cuando chocan con decisiones previamente adoptadas.
La acumulación de conflictos en distintos ámbitos plantea una cuestión de fondo: si se trata de problemas aislados o si, por el contrario, estamos ante síntomas de una gestión que comienza a perder capacidad de control sobre áreas estratégicas. Lo que resulta evidente es que los frentes abiertos son cada vez más numerosos y que el llamado “fuego amigo” amenaza con convertirse en el principal problema para quienes hasta ahora parecían gestionar sin apenas contestación interna.
Porque en política y en la gestión pública, muchas veces los mayores riesgos no llegan desde la oposición, sino desde las propias estructuras que deberían funcionar como un reloj.
