La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid informa que 40 de estos menores ya han alcanzado la mayoría de edad debido a la «inactividad» de la Delegación del Gobierno y estudia emprender acciones judiciales.
MADRID.– El Ejecutivo regional madrileño, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado la presión sobre el Gobierno central en cuanto a la política migratoria y la gestión de los menores inmigrantes no acompañados. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales solicitará formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid que acelere inmediatamente el regreso de 110 menores extranjeros con serios problemas de adaptación y comportamientos conflictivos. La administración autonómica denuncia que la situación institucional está paralizada, al punto de que 40 de estos jóvenes han cumplido ya 18 años sin que se haya iniciado ningún procedimiento para su devolución.
Este miércoles, el Consejo de Gobierno regional recibirá un informe técnico elaborado por Silvia Valmaña, presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Este documento será enviado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, con el fin de instarle a cumplir con sus obligaciones legales y activar los mecanismos de reunificación familiar previstos por la ley. Hasta ahora, la única respuesta oficial ha sido que se está «recabando la información» pertinente.
Ultimátum judicial y denuncias por estafa
El conflicto institucional entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno se ha prolongado durante tiempo, pero en los últimos meses las cifras han aumentado significativamente. En octubre pasado, la Comunidad remitió 58 expedientes individuales para repatriación, cantidad que ahora se ha duplicado sin que se haya emitido ningún mandato formal. Según fuentes de la Consejería dirigida por Ana Dávila, si la inacción continúa o se produce una negativa injustificada por parte del Estado, el Gobierno de Ayuso considera seriamente iniciar procedimientos legales.
Los 110 expedientes corresponden a menores tutelados que principalmente están en el centro de Primera Acogida de Hortaleza y en el complejo de La Cantueña, en Fuenlabrada. Además, los servicios jurídicos de la Comunidad han presentado 16 denuncias en juzgados contra inmigrantes identificados como falsos menores, a quienes se acusa de estafa agravada tras comprobarse que han utilizado de manera indebida los recursos públicos de protección infantil del Gobierno autonómico.
El interés superior del menor
La Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia sostiene que la expulsión y retorno sugeridos se fundamentan en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería (4/2000).
Los informes técnicos del Ejecutivo regional argumentan que, debido a la incapacidad de adaptación de estos jóvenes, la vuelta a sus países de origen junto a sus familias y entorno social representa «la opción más adecuada para el interés superior del menor», señalando que el sistema de acogida madrileño está al límite de su capacidad.
