Representantes de Junts y del PNV intensifican sus encuentros confidenciales para solicitar un adelanto electoral inmediato debido al desgaste del Ejecutivo.
MADRID. — La base del apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez comienza a mostrar signos de debilitamiento. Junts y el PNV, dos partidos con perfiles conservadores y nacionalistas que respaldan al Ejecutivo, han iniciado una estrategia conjunta y discreta con el fin de presionar al presidente para que convoque elecciones anticipadas. Como detonante principal figura la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación del caso Plus Ultra, que también motivó un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz.
Considerando que sus 12 representantes en el Congreso son clave esencial para la gobernabilidad, Carles Puigdemont y Aitor Esteban reflejan la creciente presión que reciben de sus propias direcciones políticas. En ambos partidos existe un descontento general ante la situación actual marcada por la inestabilidad de la coalición entre PSOE y Sumar, la ausencia de unos Presupuestos Generales y una agenda gubernamental saturada de asuntos judiciales. Según fuentes internas del Euskadi Buru Batzar (EBB), «el PSOE nos está arrastrando».
Cambio de enfoque frente a los principales adversarios políticos
El ajuste en el discurso de ambos grupos busca evidenciar la postura de los demás socios parlamentarios de Sánchez. Mediante esta estrategia, Junts y el PNV tratan de poner en evidencia a ERC y EH Bildu, sus competidores electorales en Cataluña y el País Vasco, respectivamente, a quienes recriminan tácitamente su silencio y conformismo frente al desgaste que vive el Ejecutivo central.
Aunque originalmente tanto en Barcelona como en Bilbao se aspiraba a aprovechar la legislatura para concretar los pactos con los socialistas, la actual situación política y judicial ha modificado sus expectativas. Las direcciones de ambos partidos consideran «poco probable» que Sánchez pueda cumplir con sus compromisos bajo las circunstancias actuales de fragilidad.
Compromisos incumplidos y controversias sobre transferencias
El descontento dentro de Junts es considerable. El partido posconvergente basa buena parte de su estrategia en el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, una vuelta que, según declaraciones internas, Zapatero les había asegurado sería inminente. El incumplimiento reiterado de esta promesa, junto con el retraso en la transferencia total de competencias en materia de inmigración, ha deteriorado las relaciones. Con la caída en desgracia de Zapatero y la previa distanciación de Santos Cerdán, los canales de diálogo con Moncloa se han reducido considerablemente, quedando sólo el diputado Juan Francisco Serrano como enlace mínimo.
En cuanto al PNV, sus pasos son medidos al detalle por el delicado equilibrio que mantiene en el País Vasco, donde gobierna en coalición con el PSE bajo la presidencia de Imanol Pradales. Sin embargo, el partido jeltzale debe agilizar el proceso pendiente de transferencias autonómicas —especialmente la gestión de la Seguridad Social— para consolidarse electoralmente frente al avance de Bildu. Aitor Esteban ya ha emitido un aviso contundente durante un acto en Durango, calificando de «irresponsable» la idea de prolongar el mandato de Sánchez más allá de 2026 dadas estas circunstancias.
La posibilidad de una moción de censura
Aunque el bloque nacionalista contempla la opción de presentar una moción de censura dirigida a destituir a Sánchez, la fórmula resulta compleja. Tanto Junts como el PNV descartan establecer contactos formales con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para esta iniciativa, conscientes de que la participación de Vox en esta ecuación genera rechazo entre sus votantes. Desde el PP también se muestran escépticos y minimizan las expectativas, argumentando que la posición de los soberanistas no ha cambiado sustancialmente.
Mientras tanto, desde Moncloa se mantiene una postura firme. El Gobierno asegura que la estabilidad parlamentaria está garantizada y niega enfáticamente cualquier posibilidad de adelanto electoral, ignorando las advertencias de unos aliados que, por primera vez en meses, coinciden en un discurso unificado.
