El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha intensificado la presión sobre el Partido Popular en un esfuerzo final para asegurar la prórroga del decreto de alquileres. Debido a la negativa del PP a iniciar negociaciones, Bustinduy ha remitido una carta dirigida a Alberto Núñez Feijóo, señalando que oponerse a esta medida podría resultar en un grave error político frente a sus votantes.
Este decreto, que se espera que sea votado el próximo martes en el Congreso, podría no salir adelante si el PP mantiene su postura contraria. Según el ministro, esta prórroga representa un ahorro promedio de 2.000 euros anuales por hogar, lo cual resulta fundamental dadas las condiciones económicas actuales.
El respaldo social entre los votantes del PP
En la carta, Bustinduy se apoya en un estudio reciente que muestra un dato relevante para Génova: tres de cada cuatro seguidores del PP apoyan la extensión de los alquileres.
«No presentan argumentos más allá de un rechazo absoluto. No están tomando en cuenta el sentir popular. Si creen que pueden votar en contra sin consecuencias y sin enfrentar un alto coste, están equivocados», afirmó con firmeza el ministro durante la sesión de control.
Para el ministro de Derechos Sociales, la negativa del PP no se basa en razones económicas sino en una táctica de bloqueo parlamentario que desatiende las demandas de sus propios votantes.
Reproches a la «prioridad nacional» acordada con Vox
Bustinduy también criticó la dirección seguida por el PP en sus pactos autonómicos, especialmente respecto al concepto de «prioridad nacional» en los programas de ayudas sociales y vivienda promovido por Vox.
El ministro definió como «maniobras» las justificaciones del PP para estos acuerdos y los calificó de ilegales y discriminatorios. «Permiten que la ultraderecha determine quién tiene derecho a ciertos beneficios y quién no», denunció, vinculando la negativa a negociar la prórroga con una agenda que, en su opinión, pretende dividir los derechos fundamentales.
Con la votación del martes acercándose, la carta de Bustinduy intenta romper la unidad de la oposición y lograr un cambio de postura del PP, apelando directamente al impacto económico que tendría para los ciudadanos, para evitar que miles de contratos queden sin protección.
