La representación legal del expresidente catalán señala al órgano contable por «infracción del derecho comunitario» y por distorsionar la sentencia del TJUE al considerar que la malversación con fondos europeos no debería quedar amnistiada.
Barcelona. – El conflicto jurídico relacionado con la amnistía avanza con un nuevo episodio en las instituciones europeas. La defensa del exmandatario de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha presentado una queja formal contra España ante la Secretaría General de la Comisión Europea. En el documento, se acusa al Tribunal de Cuentas de un «incumplimiento manifiesto y voluntario» del derecho comunitario al demorar la aplicación de la norma.
Esta acción se produce tras la providencia emitida por el citado organismo, la cual pregunta a las partes si es posible excluir de la amnistía a alrededor de treinta ex altos cargos del Govern –incluyendo a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig– en caso de que los gastos del proceso independentista hayan sido financiados con recursos de la Unión Europea.
Solicitud de un procedimiento de infracción con carácter urgente
Según el escrito remitido a Bruselas, la defensa pide que se abra un procedimiento de infracción (regulado en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y que se envíe con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye sostiene que las actuaciones del Tribunal de Cuentas vulneran los principios de cooperación leal y de tutela judicial efectiva contemplados en los tratados europeos.
Las principales objeciones de la defensa incluyen:
- Distorsión del fallo del TJUE: Señalan que el tribunal emitió un comunicado oficial que «desvirtúa» la reciente sentencia de la justicia europea, atribuyéndose un respaldo a cuestiones que, en opinión de la defensa, fueron declaradas inadmisibles.
- Retrasos y mantenimiento de medidas cautelares: Critican que se haya reabierto una fase de pruebas y que se haya suspendido sine die el plazo legal de dos meses para aplicar la amnistía, manteniendo congeladas medidas cautelares que afectan a los imputados por un importe superior a 9,5 millones de euros.
Actuaciones paralelas ante el TJUE y el Tribunal de Cuentas
Simultáneamente, la defensa de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para informar sobre el presunto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Además, han presentado alegaciones ante el propio Tribunal de Cuentas negando rotundamente que se haya utilizado presupuesto comunitario para los actos relacionados con el procés y solicitando que se resuelva la amnistía dentro del plazo legal establecido.
Esta estrategia judicial coincide con un pronunciamiento de la Fiscalía, que este martes instó al Tribunal de Cuentas a aplicar sin demora la ley de amnistía a todos los investigados, calificando como «innecesarios e improcedentes» nuevos cuestionamientos tras la resolución del tribunal europeo.
