El artista recurre a la vía civil contra la vicepresidenta segunda tras el sobreseimiento de la denuncia por presuntos abusos sexuales en la Audiencia Nacional. Además, interpone una querella por injurias y calumnias contra varios periodistas de elDiario.es.
Madrid. – Julio Iglesias ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al considerar que esta cometió una «intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal». El cantante reclama que Díaz sea condenada a abonarle 50.000 euros por daños morales, al pago de las costas judiciales y a que se retracte públicamente de sus declaraciones.
El proceso judicial se inicia tras las manifestaciones que la líder de Sumar hizo en enero pasado tanto en la red social Bluesky como en el programa La Hora de la 1 de RTVE. Díaz se refirió entonces a la denuncia presentada por dos exempleadas de Iglesias por supuestos delitos de agresión sexual, trata con fines de trabajo forzado y lesiones; causa que fue finalmente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al determinar la falta de jurisdicción en los tribunales españoles.
En sus mensajes, la vicepresidenta calificó de «escalofriantes» los relatos de las extrabajadoras y afirmó que en la vivienda del cantante existía «una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión constante». Según la defensa de Iglesias en el escrito al que ha accedido EFE, una autoridad pública como Díaz «expresó ante la opinión pública claros prejuicios de culpabilidad» sobre su persona. La demanda ante el Supremo se presenta después de que concluyera sin acuerdo el acto previo de conciliación, en el que Díaz declinó realizar una rectificación.
Querella paralela contra elDiario.es
En otro ámbito legal, Julio Iglesias ha registrado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y delitos contra la integridad moral contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y varios periodistas de la plantilla. El cantante acusa a este medio —que reveló la existencia de la denuncia de las trabajadoras— de fomentar una «campaña de desprestigio y linchamiento mediático» a través de informaciones falsas para dañar su reputación, solicitando asimismo la retirada cautelar de dichas publicaciones.
Por su lado, tras concluir sin acuerdo el acto de conciliación con el medio, Ignacio Escolar ha afirmado que el periódico no se retractará y defenderá en sede judicial la veracidad de su información, asegurando que sus reportajes son resultado de una «minuciosa investigación que demandó tres años de trabajo».
