Comisiones Obreras y UGT han solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que agilice la incorporación en la legislación española del convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo para proteger a las personas que laboran a través de plataformas digitales. Los sindicatos apoyan su candidatura para la dirección de la OIT, pero exigen un avance regulatorio antes de su presentación internacional.
Las principales centrales sindicales en España pretenden que el país sea el primero en incluir en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que establece garantías laborales para los trabajadores de plataformas digitales y busca mitigar riesgos vinculados al uso de algoritmos en la gestión laboral.
CCOO y UGT han comunicado esta demanda directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que solicitan que el Gobierno inicie cuanto antes el proceso de ratificación. Para ambas entidades, la aprobación del convenio representa la oportunidad para reafirmar el liderazgo de España en la regulación del empleo digital.
Los sindicatos respaldan a Díaz como próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo, pero desean que antes culmine una de las reformas clave de su agenda, avanzando en la regulación de las plataformas digitales antes del fin de la legislatura.
Díaz valoró positivamente el acuerdo logrado en Ginebra, calificando el momento como un “día histórico”. Defendió la necesidad de que la tecnología progresse junto al trabajo decente y reconoció el papel activo de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a información sobre sistemas digitales y protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar sus condiciones laborales.
Uno de los aspectos más relevantes es la supervisión de los algoritmos que emplean las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar desempeño o tomar decisiones que puedan comprometer la continuidad laboral de una persona.
Para CCOO, se trata de la primera norma internacional vinculante que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores frente al empleo de sistemas automatizados para la toma de decisiones.
Este punto es crucial para el sindicato, ya que los algoritmos son el núcleo del modelo de negocio de muchas plataformas, determinando quién recibe pedidos, los ingresos, la ruta a seguir o la activación de cuentas, frecuentemente sin ofrecer suficiente transparencia.
El propósito del convenio es que los derechos laborales fundamentales se apliquen a todas las personas que prestan servicios a través de aplicaciones o plataformas, sin importar su clasificación contractual.
CCOO y UGT destacan que la aprobación internacional del convenio no conlleva su aplicación inmediata, pues cada país debe incorporarlo a su legislación para que sea efectivo dentro de sus fronteras.
Por ello, las centrales instan a Díaz a impulsar la ratificación antes de dejar el Ministerio de Trabajo, considerando que España puede recuperar la vanguardia en la regulación del empleo en plataformas, como ya hizo con la Ley Rider.
Este reglamento se presenta como una muestra del compromiso de la ministra con los derechos laborales en la economía digital. La ley estableció la presunción de laboralidad para los repartidores y exigió a las empresas transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos que condicionan las labores.
Además, la ratificación del Convenio 193 formaría parte de los compromisos principales de Díez en su candidatura internacional. El apoyo sindical es relevante dado que la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El respaldo de CCOO y UGT podría facilitar también el apoyo de otros delegados sindicales europeos. Sin embargo, las organizaciones subrayan la necesidad de que la ministra actúe antes de dejar su cargo, transformando sus declaraciones favorables en una reforma concreta.
“Quizás España pueda ser el primer país en hacerlo”, señala CCOO, que ve en la ratificación una vía para que el país mantenga su liderazgo en la regulación legal de las plataformas digitales de empleo.
Esta petición sindical sitúa a Yolanda Díaz frente a una decisión que tiene repercusiones tanto nacionales como internacionales: activar la nueva regulación antes del fin de la legislatura o dejar esto pendiente, medida que probablemente será clave en su candidatura para dirigir la OIT.
