La crisis migratoria exige coordinación, recursos y decisiones legales; convertir cada problema en una batalla política solo añade tensión a una ciudad que necesita certezas
Ceuta no necesita más declaraciones de guerra política. Necesita gestión.
La dimensión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad justifica la exigencia de respuestas contundentes al Gobierno de España, pero también obliga a quienes gobiernan la Ciudad Autónoma a actuar con responsabilidad, realismo y pleno conocimiento de los límites legales. Y ahí es donde el discurso de Juan Vivas empieza a resultar contraproducente.
El presidente ceutí ha elevado el tono hasta anunciar un plazo de 30 días al Gobierno central y amenazar con acudir a los tribunales si no se recupera la normalidad. También ha defendido fórmulas de devolución y aceleración de expedientes que, precisamente por afectar a miles de personas y, especialmente, a menores y posibles solicitantes de protección internacional, no pueden resolverse mediante atajos administrativos. (El País)
Ceuta necesita que Madrid haga mucho más. Pero también necesita que el Gobierno de la Ciudad deje de presentar como sencillas soluciones que jurídicamente no lo son.
La lección de Mabel Deu y Salvadora Mateos
Hay un antecedente que debería estar muy presente en cualquier debate sobre las devoluciones de menores.
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma Mabel Deu y a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la devolución a Marruecos de 55 menores en 2021. El tribunal consideró que aquellas actuaciones se realizaron al margen del procedimiento legal aplicable. (Poder Judicial)
No es un detalle menor. Es precisamente el tipo de precedente que debería impedir que la política migratoria vuelva a plantearse como una cuestión de voluntad política frente a la legalidad.
La conclusión no debería ser que España no puede devolver a nadie. La conclusión es otra: las devoluciones tienen que hacerse mediante procedimientos legales, individualizados y con las garantías que correspondan en cada caso.
Y eso requiere funcionarios, expedientes, coordinación policial y judicial, acuerdos con Marruecos y capacidad administrativa. No solamente declaraciones.
Madrid y Ceuta tienen que sentarse a trabajar
El problema es demasiado grande para convertirlo en una competición sobre quién eleva más el tono.
El Gobierno central acaba de acordar con la Ciudad Autónoma la habilitación de cuatro espacios para acoger temporalmente hasta 1.500 personas, con una inversión de emergencia de 6,5 millones de euros y la participación de Cruz Roja. Es una respuesta que llega después de días de enorme tensión, pero demuestra también algo fundamental: cuando las administraciones trabajan conjuntamente, aparecen soluciones concretas. (El País)
Eso es exactamente lo que Ceuta necesita.
Más policías de Extranjería. Más funcionarios para tramitar expedientes. Refuerzo de los servicios sociales. Información diaria y transparente sobre el número de personas que permanecen en la ciudad. Identificación de menores. Tramitación de cada expediente con garantías. Coordinación con Marruecos. Participación de las comunidades autónomas. Y, cuando sea necesario, medidas extraordinarias del Gobierno para aumentar temporalmente los recursos administrativos.
Esas son medidas que pueden aliviar la situación.
Menos discursos de alarma y más datos
La ciudadanía ceutí tiene derecho a estar preocupada. También tiene derecho a saber exactamente qué está haciendo cada administración.
¿Cuántas personas permanecen actualmente en Ceuta?
¿Cuántos expedientes de devolución se han abierto?
¿Cuántos funcionarios están trabajando en ellos?
¿Cuántas personas han regresado voluntariamente?
¿Cuántos menores permanecen bajo tutela de la Ciudad?
¿Cuántas plazas de acogida existen y cuántas están ocupadas?
¿Cuántas devoluciones pueden ejecutarse realmente cada semana conforme a la legislación?
Son preguntas mucho más importantes que una nueva declaración política.
Porque cuando faltan datos oficiales, el vacío lo ocupan los rumores, los bulos y la angustia.
Vivas debe exigir al Gobierno, pero también coordinarse con él
El presidente de Ceuta tiene todo el derecho —y probablemente la obligación— de reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria.
Pero reclamar no significa amenazar permanentemente.
La defensa de Ceuta no pasa por enfrentar a la Ciudad Autónoma con el Estado. Pasa precisamente por conseguir que ambas administraciones funcionen como una sola máquina cuando la situación lo exige.
La crisis actual ya ha demostrado que las soluciones improvisadas tienen un recorrido muy corto. También ha demostrado que los discursos maximalistas pueden ser políticamente rentables, pero no necesariamente resuelven los problemas.
Ceuta necesita que Vivas sea exigente con Madrid, sí. Pero también necesita que sea capaz de sentarse con Madrid, negociar con Madrid y coordinarse con Madrid.
Menos declaraciones amenazantes. Menos propuestas jurídicamente inviables. Más funcionarios, más medios, más información y más coordinación.
Porque una ciudad sometida a una presión migratoria extraordinaria no necesita que sus instituciones compitan por el protagonismo.
Necesita que funcionen.
